El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, ha comparecido en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados para informar sobre la propuesta de corrección financiera de la Comisión Europea acerca del cultivo de lino textil en España. El ministro ha recordado que el Gobierno actuará como interlocutor de las Comunidades Autónomas (CCAA) ante las Instituciones europeas, puesto que éstas tienen asumidas las competencias de gestión, tramitación y control de las ayudas directas de la Política Agraria Común.
El ministro Arias ha apelado a la responsabilidad política que tienen que demostrar las CCAA, encargadas de preparar los argumentos de defensa ante la UE.
PROPUESTA DE CORRECCIÓN FINANCIERA
La propuesta es un trámite más dentro del proceso de liquidación de cuentas y un paso previo para que, en su caso, la Comisión adopte una decisión final, en el supuesto de que las CCAA decidan no acudir al Organo de Conciliación. Por esa razón, si así lo acuerdan las CCAA, el primer paso a seguir sería acudir al Organo de Conciliación.
En la propuesta se rebate el contrainforme remitido por las Comunidades Autónomas sobre el informe de la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF). En este sentido, el ministro ha recordado que tanto Extremadura como Castilla y León discreparon de la forma en que se llevó a cabo la inspección de la OLAF y de los resultados obtenidos de la investigación. Sin embargo, Castilla-La Mancha admitió desde el principio la existencia de fraude, declaración que equivale, según el ministro, a admitir la falta de diligencia de la Consejería de Agricultura a la hora de prevenir y erradicar cualquier indicio de fraude.
La propuesta de corrección financiera remitida por la Comisión concluye con la propuesta de recuperación de 99.236.019 euros, que, en principio, correspondería a todas las ayudas pagadas en España desde el 19 de marzo de 1999. Sin embargo, se ha detectado que la Comisión ha cometido un error en la suma de los periodos, siendo la cifra definitiva de 116.419.767 euros.
El fundamento de la Comisión a la hora de proponer esta recuperación es que «la única conclusión posible que cabe extraer de cuanto antecede es que las autoridades españolas competentes, sea por lo que fuere, se abstuvieron de implantar el sistema de control necesario», añadiendo, a su vez, que las CCAA son «Administraciones responsables de los controles y verificaciones».
La Comisión reclama la totalidad de las ayudas percibidas ante «los fraudes constatados por la OLAF, que han puesto de relieve una práctica caracterizada por el incumplimiento total de las normas comunitarias por todos los involucrados, incluidos los servicios españoles de los controles», dichos servicios, según ha recordado una vez más Arias en su intervención, son las Comunidades Autónomas.
La cantidad solicitada, en el caso de que se liquide al Estado miembro, se repercutirá a los presupuestos autonómicos, en virtud del principio de corresponsabilidad financiera. El ministro Arias ha manifestado que no cabe que esta cantidad sea asumida por el presupuesto nacional, puesto que con esta medida se difuminan las responsabilidades que deben asumir las Comunidades Autónomas.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR
El Ministerio de Agricultura, a través del FEGA, como órgano de coordinación que ostenta la interlocución única ante el FEOGA Garantía, ha remitido la propuesta formal de la Comisión a las CCAA para que comuniquen si desean que el Estado miembro acuda al Organo de Conciliación y, de ser así, que remitan todos los informes sobre sus actuaciones que consideren necesarios para elaborar una postura defensiva.
Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha tendrán que señalar si quieren acudir al Organo de Conciliación y si mantienen o modifican los informes que remitieron en su momento. En cuanto a las demás CCAA, que no se vieron afectadas por el informe de la OLAF, tendrán que comunicar lo mismo, pero aportando cuantos datos estimen pertinentes para la elaboración de la postura del Estado miembro.
En el caso de que todas las Comunidades Autónomas afectadas estén de acuerdo en no acudir al Organo de Conciliación, la propuesta formal se convertiría en definitiva en cuanto se publicase oficialmente la decisión de la Comisión. En caso contrario, esta publicación se vería pospuesta hasta que el Organo de Conciliación emitiera su dictamen. Una vez emitido el dictamen, la Comisión podría publicar la decisión y contra la cual se podría interponer recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El ministro ha destacado que la medida de recuperación total de las ayudas es desproporcionada, puesto que es improbable que todos los cultivadores de lino textil hayan defraudado, descartando la existencia de un fraude generalizado. Si el fraude lo han cometido unos pocos, como parece ahora admitir Castilla-La Mancha, habría sido necesario que esta Comunidad Autónoma paralizara los pagos y denegara la subvención de aquéllos que no reunían los requisitos establecidos en la normativa comunitaria.
COMPETENCIAS DE LAS CCAA
El ministro ha manifestado que en este momento es necesaria la voluntad política de asumir la responsabilidad y que no se puede olvidar en ningún momento que las Comunidades Autónomas deben supervisar y controlar la documentación presentada por los solicitantes de ayuda, y en función del resultado de estas operaciones, pagar o denegar el pago.
En resumen, el ministro Arias ha recordado que el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas europeo, el fiscal anticorrupción y la OLAF coinciden en señalar que los fallos detectados se han dado en un ámbito que es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. Por ello, causa asombro, según ha destacado el ministro, que Castilla-La Mancha se muestre satisfecha de las actuaciones llevadas a cabo, cuando la realidad es que se ha constatado una falta de control de las ayudas por su parte.
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