Se ha firmado un Acuerdo Marco entre el Ministerio de Agricultura, diversas entidades financieras y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes
La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, ha firmado un Acuerdo Marco con los Presidentes del Instituto de Crédito Oficial, la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, la Asociación Española de Banca, la Asociación Española de Cajas Rurales y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, para el establecimiento de las condiciones de financiación de las obras de equipamiento de parcelas de regadío.
Su objetivo, por tanto, es el de promover entre las entidades financieras, la suscripción de una línea de mediación del ICO para aportar financiación a los regantes, miembros de una Comunidad de Regantes que vayan a acometer estas obras de equipamiento, siempre que las parcelas se encuentren en una zona regable sometida a un proceso de mejora y consolidación de regadíos, en el marco del Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008.
Para ello el Instituto del Crédito Oficial pondrá a disposición de las entidades financieras 200 millones de euros, para financiar esta actuación, de forma que los agricultores puedan acceder a unos préstamos a interés Euribor +0,40, con una duración del crédito de hasta 30 o 35 años, según el tipo de equipamiento.
Estos créditos podrán cubrir hasta el 95 por ciento neto del coste de equipamiento en parcela, estableciéndose un importe máximo por regante de 180.000 euros y un mínimo de 5.000 euros, cantidades que en el caso préstamos a las Comunidades de Regantes, se multiplicarán por el número de regantes, hasta un máximo de 9 millones de euros por Comunidad.
Con objeto de facilitar esta financiación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvencionará una reducción del tipo de interés de los préstamos, aportando para ello un importe total máximo de 9 millones de euros.
El Acuerdo Marco, cuya duración está prevista hasta el 31 de diciembre de 2009, contempla la creación de una Comisión de Seguimiento formada por las partes firmantes, que velará por el cumplimiento y coordinación de las actuaciones previstas, evaluando los resultados y el impacto de las mismas.
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