El conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, ha denunciado que el nuevo Estatut de Cataluña, aprobado ayer por el Parlament catalán, incluye, entre otras competencias sobre recursos hidráulicos, la emisión de “un informe determinante para cualquier propuesta de trasvases de ríos intercomunitarios”, lo que supone un “bloqueo inadmisible” al trasvase del Ebro.
“Una vez más se pone de manifiesto que Cataluña tiene, gracias a la permisividad absoluta que le ha concedido Rodríguez Zapatero, patente de corso en materia de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Gestión del Agua, aunque ello genere perjuicios muy serios a otras autonomías, como la Comunidad Valenciana”, ha añadido Rafael Blasco.
Asimismo, el Estatut otorga a la Generalitat de Cataluña plenas competencias, en su Artículo 117, sobre el dominio público hidráulico dentro de las cuencas intercomunitarias –por ejemplo, la del Ebro-dentro del territorio de Cataluña, así como la ejecución y explotación de las obras de interés general del estado.
Rafael Blasco ha subrayado, en este sentido, el “lamentable ejemplo de insolidaridad en la gestión de un recurso tan importante y escaso como el agua”. “Los recursos hídricos no son patrimonio de ninguna comunidad autónoma, por lo que una vez más el Gobierno Valenciano está en la obligación de denunciar la vergonzosa dejación de funciones del gobierno de Rodríguez Zapatero”, ha añadido el conseller.
Cataluña decidirá sobre el impacto de las desaladoras
Las competencias exclusivas de la Generalitat de Cataluña se extienden, tal como establece el Estatut aprobado ayer, a la resolución de las declaraciones de impacto ambiental para las obras de interés general que la Administración del Estado impulse en Cataluña, lo que “pone en evidencia” al director de Aquamed, Adrián Baltanás, quien acusó recientemente a la Comunidad Valenciana de hacer lo propio.
Por el contrario, Rafael Blasco ha recordado que la nueva Ley de Calidad Ambiental de la Comunidad Valenciana, cuyo Proyecto fue aprobado recientemente por el Pleno del Consell, incluye las competencias para informar al Ministerio de Medio Ambiente sobre los impactos negativos que pudieran generar las plantas desaladoras, como efectivamente ha hecho el Gobierno Valenciano a través de 7 informes.
De este modo, ha añadido Blasco, “El Gobierno Valenciano ejerce correctamente sus competencias en materia ambiental, siempre en el marco de la legislación vigente, lo que nada tiene que ver con arrogarse en exclusiva, como hace el Estatut de Cataluña, competencias que corresponden al Gobierno Central, en perjuicio de otras comunidades autónomas”.
Generalitat Valenciana