Según la ley firmada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el Gobierno ofrecerá contratos a 40 años que permitan al mejor ofertante la tala de árboles bajo un plan de desarrollo sostenible.
Unos 13 millones de hectáreas, o un 3 por ciento de la selva autóctona de la Amazonia, estarán disponibles para compañías privadas brasileñas. La tala está prohibida en reservas naturales y territorios destinados a indios y descendientes de esclavos.
La ley pretende desalentar la depredación más destructiva que llevan adelante compañías madereras, dijeron responsables del gobierno.
‘Estamos autorizando el desarrollo sostenible, eso es lo opuesto a la deforestación’, dijo a Reuters Tasso Azevedo, subsecretario de forestación en el Ministerio de Medio Ambiente.
Consejeros de Lula dijeron que los controles de la ley, las inspecciones frecuentes, y el final de la incertidumbre legal sobre los derechos de la tierra reducirán la deforestación. La medida pide la demarcación de bosques públicos y hará imposibles las reclamaciones privadas sobre ellos.
Varios especuladores han aprovechado vacíos legales y oscuras negociaciones para comprar y revender ilegalmente tierras a compañías madereras, ganaderos o granjeros.
Hasta ahora, las políticas del Gobierno han producido diversos resultados, entre los que se incluye la segunda mayor tasa histórica de deforestación en 2004, así como una creciente violencia en relación a disputas por tierra.
Con esta medida, sólo compañías brasileñas pueden presentarse a la obtención de licencias. Algunos diputados de línea dura temen que las multinacionales puedan establecer frentes legales para participar en lo que llaman la privatización del Amazonas para extranjeros
SILVANUS