El consejero Portavoz, Emiliano García-Page, señaló que el Gobierno regional pedirá al Gobierno central que reconsidere la denegación del trasvase de 5 hectómetros cúbicos que había sido solicitado por el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel para este trimestre.
García-Page, que se mostró esperanzado en que los nuevos tiempos que se abren en la política nacional sirvan para arrojar luz, información y transparencia a la gestión del agua, afirmó que “es necesario realizar una radiografía exacta del uso del agua en el Levante español para que haya un equilibro entre las distintas zonas hidraúlicas”.
“Son muchos los antecedentes que nos llevan a pensar que hay una consideración perversa del uso del agua para consumo humano”, indicó el portavoz del Ejecutivo regional, quien calificó de injustificado el último trasvase de 114 hectómetros cúbicos aprobado por la comisión del trasvase Tajo-Segura.
Además, García-Page añadió que Castilla-La Mancha se ha mostrado, en todo momento, partidaria de ceder agua para consumo humano “aunque hay que revisar con rigor de qué hablamos cuando nos referimos a trasvases para consumo de población”.
Plan Especial Alto Guadiana
En relación a las alegaciones que presentará el Ejecutivo castellano-manchego al Plan Especial del Alto Guadiana, Emiliano García-Page dijo que “el objetivo es conseguir un plan más ambicioso en el que la comunidad autónoma sea cómplice y copartícipe”.
En este sentido, el consejero Portavoz, que dijo tener esperanza en que estas alegaciones tengan mejor acogida en el nuevo Ministerio, indicó que el Gobierno regional está dispuesto a participar en la aprobación, el desarrollo y la ejecución del Plan Especial del Alto Guadiana “para conseguir una descarga de la presión hidráulica en esta zona”.
El Ejecutivo de Castilla-La Mancha considera que la Confederación del Guadiana incumple los plazos previstos en la Directiva de Aguas para recuperar los acuíferos, fomenta el mercado de compraventa y la especulación del agua y no concreta programas relacionados con la depuración de aguas residuales, la modernización de regadíos y el desarrollo rural, entre otros.
En sus alegaciones el Gobierno regional apuesta por llevar a cabo una política más eficaz y coherente con la Directiva de Aguas, garantiza una mayor protección del medio ambiente, apuesta por una gestión conjunta entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Junta de Comunidades, con la participación de otras administraciones y colectivos y no deja en manos del mercado especulativo el futuro del acuífero. Tampoco se potencia la figura del “aguateniente” ya que se distribuirán los derechos en función del interés social
JCCM