El consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, ha mostrado la disconformidad del Gobierno de Castilla-La Mancha con el procedimiento iniciado por la Confederación Hidrográfica del Segura para otorgar concesiones de agua del trasvase Tajo-Segura a regantes de Alicante y Murcia, concretamente de la zona del Levante, La Pedrera y la comarca de Cartagena.
En opinión de Gil, “la publicación de la información pública de estos expedientes únicamente en los Boletines Oficiales de las Provincias de Alicante y Murcia refleja la intención de la Confederación del Segura de autorizar dichas concesiones de tapadillo, ya que estos anuncios deberían haberse publicado, también, en los boletines de las provincias de Cuenca y Guadalajara, como provincias de la cuenca cedente”.
El consejero estima que, “de materializarse esta pretensión de la Confederación Hidrográfica del Segura, las consecuencias para Castilla-La Mancha podrían ser muy graves, ya que los regantes del Segura, que actualmente sólo disponen de una mera autorización para aprovechar del agua del Tajo que sea excedentaria, pasarán a ser titulares de dichos volúmenes, de manera que tendrán pleno derecho sobre los usos de los mismos”.
El titular de Obras Públicas ha explicado que “una vez dispongan de la titularidad sobre los derechos del agua, los regantes del Segura podrían exigir el trasvase del máximo permitido o pedir una indemnización en caso de no existir caudales suficientes del trasvase Tajo-Segura para satisfacer la concesión en su integridad”, manifestando que “se daría el caso de que los regantes del Segura podrían exigir compensación económica, si un usuario o un regante de la cuenca del Tajo pidiera más agua para sus necesidades futuras, un caso que sería igualmente aplicable a los futuros usuarios de la conducción del trasvase Tajo-La Mancha”.
Esto supondría “no sólo una importante merma económica para los usuarios de la cuenca del Tajo, sino que, además, abriría la puerta a la compra y venta legal del agua, de tal manera que lo que ahora es un mercado negro pasaría a convertirse en un blanqueo de caudales de agua con todos los parabienes legales”. A ello se añade el interrogante que surge sobre el precio al que se pagaría el agua, ya que, según el consejero, “podría cobrarse al precio que actualmente pagan los regantes, unas 12 pesetas el metro cuadrado o el importe que el agua produce en el Segura, lo que podría multiplicar esta cantidad por 20”.
Gil ha insistido en que “el Plan Hidrológico Nacional y varias sentencias del Tribunal Supremo establecen claramente la prioridad de los usuarios y regantes de la cuenca del Tajo sobre los de la cuenca del Segura, tanto en las necesidades actuales como en las futuras, por lo que otorgar la concesión a estos regantes de Levante y Murcia contravendría el propio PHN y la jurisprudencia existente al respecto”.
Además, el máximo responsable regional del Agua ha criticado que “sea la Confederación Hidrográfica del Segura, responsable de la cuenca receptora, la que inicie la aprobación de unas concesiones que no proceden del río Segura sino del Tajo, por lo que dicho expediente debería iniciarse a instancias del Ministerio de Medio Ambiente o, en todo caso, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en su condición de cuenca cedente”.
Finalmente, el consejero ha acusado a la CHS de iniciar la tramitación de estas concesiones “con nocturnidad y alevosía, ya que sólo se ha dado traslado de las mismas a las provincias que recibirán el agua, y no a las provincias que la cederán”, anunciando que “el Gobierno regional ha presentado alegaciones y se ha personado como parte interesada en el asunto, para tener conocimiento de cada paso que dé la CHS en un asunto que podría perjudicar gravemente los intereses de la región”.
JCCM