El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, ha comparecido a petición propia en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados para exponer el contenido del acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), alcanzado el pasado día 26 en Luxemburgo. El ministro ha destacado que la estrategia de negociación emprendida por el Gobierno ha dado resultados muy positivos y que el acuerdo proporciona buenas perspectivas para los agricultores españoles.
TEXTO DE LA COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA PARA INFORMAR SOBRE LA REFORMA DE LA PAC APROBADA EL PASADO DIA 26 DE JUNIO
Como saben sus Señorías, el pasado jueves 26 llegamos los Ministros de Agricultura de la UE a un acuerdo sobre la reforma de la PAC, y tengo el placer de trasladarles a continuación el resultado y contenido de dicho acuerdo final.
En mi última comparecencia ante esta Cámara, en el mes de marzo, les informe sobre la estrategia del Gobierno de España ante la propuesta de reforma, y sinceramente a la vista de las prioridades que defendíamos y las que hemos conseguido, no cabe duda de que dicha estrategia, mantenida con mucha firmeza hasta el final, ha dado unos resultados muy positivos.
Para mostrárselo, repasaré brevemente cada uno de los aspectos de la reforma, concretándolos bajos los 3 ejes principales, esto es, la propuesta inicial plasmada en los proyectos de reglamento lanzados por la Comisión en enero de 2003, la posición española y el acuerdo final aprobado.
Quisiera puntualizar antes, que la posición española que hemos defendido a lo largo de estos meses tenía el máximo respaldo, no solo autonómico, sino también de las Organizaciones Profesionales Agrarias. En efecto, antes de cada Consejo de Agricultura, a través del Comité Consultivo, he mantenido reuniones con las Comunidades Autónomas y, en todo momento, ha habido sintonía en cuanto a todos los temas importantes que había que tratar de evitar, y en concreto, el desacoplamiento total, la degresividad, la reducción de precios más allá de la Agenda 2000 en cereales y leche, y las reformas sectoriales que más afectaban a nuestros sectores y agricultores. Los análisis de impacto que realizó mi Departamento junto con los realizados por las Comunidades Autónomas han ido configurando nuestra posición.
Con las Organizaciones Profesionales Agrarias, también tuvimos encuentros conjuntos con UPA, COAG, ASAJA y Cooperativas y reuniones bilaterales con cada una de ellas, durante las cuales expusimos nuestra posición que fue totalmente respaldada.
Es decir, que el planteamiento que hemos trasladado a la Comisión y a los demás Estados Miembros, y defendido a capa y espada en todo el proceso de negociación, era un planteamiento plenamente compartido por todos.
Por tanto, he de confesar que me han extrañado las reacciones ante el acuerdo final, expresadas por algunos, sin el más mínimo fundamento.
Me han disgustado, puesto que en todos estos meses pasados he mantenido con todos un diálogo permanente.
De los quince Estados miembros, España es quién más puntos concretos reivindicaba y ha ido consiguiendo cada uno de los puntos de su reivindicación, a lo largo de las negociaciones y de los documentos de compromiso que ha ido presentando la Presidencia Griega.
Si les parece Señorías, los vamos a ir repasando uno a uno, empezando por los temas horizontales y seguidamente por los sectoriales, confrontando sucesivamente la propuesta de la Comisión, la posición española y el acuerdo final adoptado.
Empezaré por el asunto más polémico o piedra angular de la propuesta que es el desacoplamiento de las ayudas de la producción: la Comisión proponía un desacoplamiento total en la práctica totalidad de los sectores, incluidas las semillas o las ayudas a regiones ultraperiféricas, como las integradas en el POSEICAN.
El primer objetivo que se trazó el Gobierno era combatir esa propuesta de desacoplamiento total por los efectos tan negativos que tendría sobre el territorio español. Nuestros estudios de impacto señalaban, en caso de desacoplamiento total, un posible abandono de 1.500.000 ha. de cereales, del 30% de las explotaciones de vacuno (20.000 explotaciones, de ellas 16.000 pequeñas explotaciones) y del 23% de explotaciones de ovino y caprino (cerca de 22.000 explotaciones). El desacoplamiento total implicaría igualmente deslocalización de producciones, incidencia en el ámbito cooperativo, incidencia en el consumo de inputs y en el abastecimiento de las industrias de transformación.
Por tanto, en todo momento, hemos defendido el desacoplamiento parcial. Ya sé que a muchos tampoco les gusta el desacoplamiento parcial pero, nos guste o no, un cierto grado sí que es necesario y no tanto porque lo quiera el Comisario Fischler, sino porque las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, que tendrán lugar en el mes de septiembre en Méjico, así lo exigirán con el fin de reducir el importe de las ayudas directas encuadradas en la caja azul.
Precisamente España ha hecho las cuentas de todos los flujos financieros que han de pasar de la caja ámbar y de la caja azul a la caja verde, donde se encuadran las ayudas no distorsionantes, y eso determina el margen de maniobra que tiene la UE en cada una de las cajas y, en consecuencia, el grado de desacoplamiento necesario en cada sector.
Por tanto, había que desacoplar las ayudas de la PAC lo necesario para poder negociar en el marco de la OMC, pero no tanto como proponía Fischler, poniendo en peligro la actividad agraria, máxime cuando las zonas más afectadas iban a ser las zonas de más bajos rendimientos, lo que a su vez era claramente incoherente con la necesidad aprobada en la Cumbre Europea de octubre 2002 de proteger dichas zonas.
Con el acuerdo final se ha conseguido lograr ese difícil equilibrio entre ambas exigencias. En efecto, con el fin de reducir al mínimo los riesgos de abandono, los Estados miembros podrán mantener vinculadas a la producción parte de las ayudas que se conceden en determinados sectores:
En cultivos herbáceos, podrán mantenerse vinculadas a la producción hasta el 25% de las actuales ayudas por hectárea o, alternativamente, mantener vinculado hasta el 40% de la ayuda suplementaria al trigo duro. Con estas cifras no hay riesgo importante de abandono en las diferentes Comunidades Autónomas.
En el sector de vacuno, se dan varias opciones a los Estados miembros. Estos pueden optar por:
conservar hasta el 100% de la actual prima por vaca nodriza y el 40% de la prima por sacrificio
conservar hasta el 100% de la prima por sacrificio o hasta el 75% de la prima especial por animales machos,
siendo la primera opción la que conviene a España para evitar abandono en la producción.
En cuanto al sector de ovino y caprino, podrá mantenerse vinculada a la producción hasta un 50% de la prima por cabeza, incluida la llamada prima al mundo rural, que es la prima suplementaria concedida en las zonas desfavorecidas.
Además hemos conseguido que el desacoplamiento en el sector lácteo, no se aplique hasta el año 2008, es decir, cuatro años más tarde de lo que se nos proponía.
La ayuda a las semillas se mantiene fuera del régimen del pago único, lo que evitará la desaparición del sector. También quedan excluidas de ese pago único las ayudas concedidas en la Comunidad Autónoma de Canarias, en su condición de región ultraperiférica.
Esto supone un logro muy positivo para España, que junto a Francia y Portugal, solicitó reiteradamente un tratamiento diferenciado para las regiones insulares por sus características especiales.
Además también se ha atendido una de la petición española de prohibir el cultivo de frutas y hortalizas en las tierras acogidas al pago único, para evitar agravios comparativos a nuestros productores de frutas y hortalizas. En alguno de los documentos de compromiso previos al último, se incluía dicha prohibición, pero como opción dentro de un Estado miembro, pero al final conseguimos que dicha prohibición sea obligatoria para todos y no optativa.
Por último, con respecto al desacoplamiento parcial, hemos logrado que el nuevo sistema no entre en vigor hasta el año 2005, es decir, retrasarlo un año sobre la propuesta inicial. Además se ha establecido que los Estados miembros que necesiten un período transitorio, podrán retrasar su aplicación hasta el 1 de enero de 2007.
En fin, creo que es obvio que hemos mejorado notablemente la propuesta de la Comisión y no trato de convencerles, Señorías, sino que los resultados a la vista de todos están.
Las distintas alternativas de desacoplamiento parcial y el llevar en paralelo un sistema de pagos acoplados y otros desacoplados, pueden suponer una mayor complicación de gestión, pero las complicaciones de ese tipo que puedan surgir se solucionarán sin duda alguna, mientras que el abandono masivo de la actividad agraria poca solución habría tenido y sí muchas consecuencias negativas sobre nuestro tejido rural, y unos impactos económicos devastadores.
Les recuerdo ahora brevemente las propuestas de enero sobre degresividad y modulación. La llamada degresividad era una reducción progresiva de las ayudas para todos los agricultores que estaba fijada hasta el nada despreciable porcentaje del 19%. Todo ello para financiar reformas del primer pilar, y con un mecanismo nada sencillo de reembolso o concesión de una ayuda adicional en función de que el volumen de ayudas por agricultor fuera inferior a 5.000 euros, entre 5.000 y 50.000 euros o superior.
Desde el principio rechazamos la degresividad que incrementaba el riesgo de abandono y suponía un grave recorte de ayudas. Máxime cuando su justificación era acometer unas reformas como las de cereales y leche, innecesarias más allá de las acordadas en la Agenda 2000.
El resultado del acuerdo final es que se ha evitado la introducción de una fórmula automática de reducción de las ayudas y se ha sustituido por una declaración de la Comisión sobre un mecanismo de disciplina financiera que sólo se desencadenará a partir del año 2007 si las previsiones de necesidades superaran la dotación de la rúbrica 1A, menos un margen de 300 meuros.
En cuanto a la modulación, se ha aprobado una modulación comunitaria, obligatoria y en términos muy razonables puesto que los porcentajes de reducción de ayudas son moderados, 3% en 2005, 4% en 2006 y 5% a partir del año 2007. Además no se aplicará a los primeros 5.000 euros, luego la gran mayoría de nuestros agricultores no se verán afectados por estas reducciones. Esta postura era la defendida por España y así lo manifesté en mi comparecencia del mes de marzo.
Ha sido una batalla ardua el conseguir que los fondos generados por la modulación, con destino al desarrollo rural, se repartieran con cohesión, pero en este caso, afortunadamente, la Comisión propuso criterios de cohesión, compartiendo nuestra postura. En contra de esta tesis ha habido muchos Estados miembros, que no aceptaban la idea de que los fondos generados en su territorio se destinaran al desarrollo rural en otros Estados miembros.
Hemos conseguido que sólo un punto porcentual de aquellos en los que se reduzcan las ayudas, se quede en el Estado miembro que lo generó y el resto se reparta con criterios de cohesión, aunque se deba seguidamente proceder a un ajuste para que cada Estado miembro reciba al menos el 80% de los fondos de modulación recaudados en su territorio.
España va a obtener 1.347 meuros adicionales para desarrollo rural con un saldo positivo entre los aportado y lo modulado en España de 309 meuros, en el período 2005-2013.
También hemos conseguido que las ayudas que se perciben en Canarias, en su condición de región ultraperiférica, queden exentas de la modulación, lo que es un hecho altamente positivo.
En lo referente a la condicionalidad, les recuerdo que se trataba de reducir total o parcialmente las ayudas de los agricultores en caso de incumplimiento de una larga lista de normas sobre medio ambiente, seguridad alimentaria, seguridad laboral y bienestar animal.
Nunca rechazamos el principio, puesto que la normativa en vigor existe para ser cumplida, pero no apoyábamos el instrumento para su aplicación por suponer una excesiva carga adicional que debía incluirse en el Sistema Integrado de Gestión y Control de las ayudas de la PAC y con una difícil puesta en marcha. Hemos conseguido reducir sustancialmente el número de normas, de 38 a 18 y su introducción en el sistema será de forma progresiva y por último se van a establecer indicadores cuantitativos para una mejor aplicación de este mecanismo. La simplificación de la condicionalidad era un aspecto esencial para nosotros, y así se ha logrado en el acuerdo final.
En cuanto a la introducción de sistemas de asesoramiento a las explotaciones agrícolas, inicialmente llamadas auditorías, la Comisión pretendía en su propuesta que fuera obligatorio para las explotaciones que reciben más de 15.000 euros anuales de ayudas o cuyo volumen de negocios anual es superior a 100.000 euros.
Dentro de las prioridades de la posición española, defendíamos que este sistema tuviera un carácter voluntario, al menos hasta que existieran recursos para financiar las ayudas que, en el marco del desarrollo rural, se concedían a los agricultores para financiar este servicio. También la eliminación del criterio del volumen de negocios, por ser difícilmente verificable.
Las dos han quedado resueltas en el acuerdo final con la eliminación de aquel criterio y la aplicación voluntaria del sistema para los Estados miembros hasta 2006. A partir de 2007, el Estado miembro deberá haber establecido el sistema para que los agricultores que quieran acogerse a él, lo puedan hacer de manera voluntaria y recibir así consejos e información sobre el modo en que integran las normas y las buenas prácticas en el proceso de producción.
En el año 2010, la Comisión remitirá un informe sobre la aplicación de este sistema acompañado, en caso necesario, de propuestas dirigidas a su obligatoriedad.
Como ven sus Señorías, no es por vanagloriarme, pero tras estos meses de trabajo, de búsqueda de alianzas y las tres duras sesiones del último Consejo de Luxemburgo, hemos ido consiguiendo que todas aquellas prioridades que configuramos en nuestra posición española y que les expuse en mi última comparecencia, hayan prosperado.
Sigo con los aspectos sectoriales de la reforma, cuyas propuestas iniciales también afectaban gravemente a España, sobre todo en cuanto al arroz, los forrajes desecados, el trigo duro y los frutos secos, sectores que hemos conseguido rescatar del negro futuro que les esperaba.
Y esas propuestas iniciales se han conseguido mejorar de acuerdo con los objetivos sectoriales que se había planteado España, compartiendo todos un objetivo común, que es la defensa y la permanencia de todos y cada uno de esos sectores en la agricultura nacional.
Para el sector de los cereales, la reforma de la OCM se basaba en un descenso del 5% de los precios de intervención, que finalmente, y tras distintas propuestas de reducciones menores, no se ha llegado a aplicar. De esta manera evitamos que España pierda los 116 Meuros que suponía esta medida, ya que la compensación propuesta a aquel descenso de precios era solo parcial. Y además, los incrementos mensuales, que inicialmente desaparecían, se reintroducen en un 50%, estableciéndose en 0,465 Euros/tonelada, lo que sin duda nos va a permitir una mejor regulación de las campañas cerealistas.
En trigo duro también ha mejorado la situación, pues se ha conseguido elevar la ayuda específica para la producción en zonas tradicionales desde los 250 a velocidad de crucero, esto es, a partir del año 2006, que pretendía la propuesta inicial, hasta los 285 que aparecen en el acuerdo final, y que supone un nivel de apoyo sustancial para el mantenimiento de este cultivo en España, que sólo desciende 19,5 por hectárea de los 344,5 actuales, frente a los 54,5 que contenía la propuesta, teniendo en cuenta que se establece una nueva ayuda por calidad de 40
En cuanto al arroz, creo que junto al sector del trigo duro que acabo de mencionar, son los dos sectores donde más claramente hemos conseguido cumplir nuestros objetivos iniciales. El tema de la superpenalización o penalización progresiva por rebasamiento de la superficie, que tantos problemas causaba a nuestros arroceros ya que les suponía penalizaciones de hasta un 44%, se convierte en penalización proporcional, lo que supondrá rebajar esa penalización a un 6 ó 7% y que se va a traducir en unos ingresos adicionales de 25 millones de euros. Además España pedía el mantenimiento del régimen de intervención clásica, en lugar del sistema de almacenamiento privado que quería la Comisión y también lo hemos conseguido, considerando suficiente el límite de 75.000 t. finalmente acordado.
En forrajes desecados la propuesta inicial de la Comisión era reducir la ayuda a la industria transformadora a la mitad e irla reduciendo progresivamente hasta su desaparición en 4 años, aplicando la otra mitad del presupuesto bajo la forma de una ayuda desacoplada a los agricultores, que hasta ahora no recibían ninguna ayuda directa. El acuerdo final ha sido positivo para nosotros, pues España pedía que se mantuviera esta ayuda a la industria de forma permanente y lo hemos conseguido. Esto es una excelente noticia para las 86 industrias españolas dedicadas a la transformación de forrajes, ya que se asegura su mantenimiento y el de los empleos que generan: un empleo directo de 1.150 puestos de trabajo y un empleo indirecto de otros 3.250. La pérdida financiera anual que se ha conseguido evitar asciende a 43,72 Meuros.
He dejado para el final de los sectores agrícolas el de los frutos secos, sector de cuyo acuerdo final estamos más satisfechos y uno de los que más esfuerzo ha costado, ya que España ha conseguido, prácticamente en solitario, construir un régimen permanente de ayuda donde sólo había unos planes de mejora, la mayoría ya caducados y sin posibilidad de prorrogarlos nuevamente. Nosotros habíamos previsto que 241,5 que es la ayuda a los planes de mejora, era el nivel de apoyo que había que conservar y no hemos cedido hasta que lo hemos conseguido, hecho que no ha sucedido hasta el último documento de compromiso presentado por la Presidencia. La utilización flexible que se nos da ahora, además, de nuestra superficie nacional garantizada también nos beneficia. La ayuda global para el sector de frutos secos español está asegurada y será de 137,2 Meuros anuales.
Por último me referiré al sector lácteo, que es el sector que se enfrentaba a una reforma más profunda, y que podríamos calificar de doble, pues todavía quedaban aspectos ya pactados en el marco de la Agenda 2000 sin poner en marcha y que han vuelto a ser discutidos ahora. Nuestra primera preocupación era mantener el régimen de cuotas, régimen que se prorroga por otros 6 años mas allá de lo acordado en Berlín, esto es hasta la campaña 2014/15. Nos opusimos a un descenso de precios mayor de lo acordado en Berlín y se ha conseguido parcialmente: En leche desnatada en polvo sí, pues los precios sólo se reducirán en un 15%, que es lo que estaba acordado en la Agenda 2000. En mantequilla no, aunque en esta última el 35% de descenso de precios inicialmente propuesto se ha quedado en un 25%, 10% más que lo acordado en la Agenda 2000, lo que se considera positivo para el sector. Sin embargo, sí estuvimos de acuerdo con una serie de medidas adoptadas: la reducción asimétrica de precios, el adelanto de la Agenda 2000 y el endurecimiento de la intervención de mantequilla, medidas a las que el sector puede enfrentarse, creemos que sin problemas. Valoramos además muy positivamente el incremento en el nivel de compensación paralelo al descenso de precios con respecto al acordado en la Agenda 2000, que va a mejorar el nivel de ingresos de nuestras explotaciones lácteas. También el retraso del desacoplamiento de la prima láctea, que no está previsto que entre en vigor hasta el año 2008, es decir, hasta que la reforma este plenamente instaurada, se considera un acierto en relación a la opción inicial de aplicación inmediata de la Comisión.
En lo referente a los productos mediterráneos, en el acuerdo final queda plasmada una Declaración de la Comisión según la cual, ésta se compromete a presentar el próximo otoño un informe al Consejo sobre las reformas de aceite de oliva, tabaco y algodón, sin que se reduzca su nivel de financiación actual.
En el apartado del desarrollo rural, esta reforma preveía ya desde el principio una serie de medidas y, lo que es más importante, un incremento de la dotación financiera, para este segundo pilar de la PAC, lo que va a reforzar su papel como dinamizador y soporte de la actividad en el medio rural. Además, se han incorporado importantes mejoras, reforzando las medidas a favor de los jóvenes agricultores, prioridad de la delegación española. Concretamente, se refuerzan las actuaciones de la PAC para facilitar la instalación de jóvenes agricultores, aumentando los porcentajes de inversión subvencionables en cinco puntos porcentuales sobre los actuales cuando realicen las inversiones correspondientes en sus explotaciones. Se introduce la posibilidad de conceder una ayuda de hasta 30.000 euros para la instalación y 30.000 euros para bonificación de intereses a los jóvenes agricultores que, al mismo tiempo que se instalen, utilicen los servicios de asesoramiento durante un periodo de tres años. Hasta ahora, el máximo de ayuda era de 25.000 euros en ambos casos.
Además, ahora se contempla la figura de indemnización compensatoria para las explotaciones cuyos territorios queden incluidos en zonas de Red Natura 2000, que abarca una superficie de 12 millones de hectáreas, eliminando, a petición española, la limitación inicial de que la superficie objeto de indemnización por limitaciones medioambientales tuviera que alcanzar, como máximo, el 10% de la superficie nacional.
También se prevén ayudas para que los agricultores cumplan con las normas comunitarias en materia de salubridad de alimentos, sanidad vegetal y bienestar de los animales, incluyendo estas últimas en el capítulo de medidas agroambientales. Este capítulo ve incrementado el apoyo comunitario, que pasa del 75% al 85% y del 50% al 60% en zonas de objetivo 1 y de fuera de objetivo 1 respectivamente, lo que fomenta las prácticas respetuosas desde el punto de vista medioambiental.
Asimismo, se prevén ayudas para los agricultores que participen voluntariamente en programas de calidad alimentaria, a las industrias agroalimentarias para el cumplimiento de las normas comunitarias y, atendiendo la petición de España, se mantienen las ayudas a la promoción genérica de productos que atraviesen situaciones de exceso de producción o de crisis de consumo, tales como frutas y hortalizas, carne, leche, vino, aceite de oliva y flores. Otras ayudas incluidas en la reforma se refieren a las destinadas al funcionamiento de los grupos de acción local en los programas Leader y Proder y las subvenciones para valorizar los montes públicos.
Resumiendo, considero que hemos conseguido todos los objetivos que el Gobierno se había trazado, y fundamentalmente el principal de ellos que era mantener la actividad agrícola y ganadera en todo el territorio.
Es evidente que España sola no hubiese podido conseguir todos estos resultados positivos que han mejorado tanto la propuesta inicial de Franz Fischler.
Como les expuse en mi anterior comparecencia, la ofensiva diplomática que he desplegado a lo largo de estos meses pasados ha servido para tejer un eficaz entramado de alianzas con los Estados miembros que compartíamos posiciones comunes. En todo momento hemos estado en sintonía total con Francia, también en muchos aspectos coincidíamos con Luxemburgo, Irlanda y Portugal.
Al bloque de rechazo, a última hora también se sumó Alemania, que nunca acabó de tener una posición muy definida.
Nuestra posición ha sido siempre la misma, defendida tenazmente hasta el final y con paciencia dado el inmovilismo de la Comisión hasta las últimas tres semanas.
Ahora habrá que esperar los textos de los nuevos reglamentos que incluyan todos los acuerdos alcanzados, y los reglamentos de aplicación.
Tras un año de debate y duras negociaciones, el acuerdo de Luxemburgo sobre la PAC proporciona unas buenas perspectivas para todos nuestros agricultores hasta el año 2013: hemos conseguido preservar los principios esenciales de la PAC, el presupuesto que recibirá España aumenta a través del desarrollo rural, hemos evitado la reducción de precios en cereales, se mantienen las cuotas lácteas, se ha reconocido la especificidad de las Islas Canarias y mejorado el acceso de los jóvenes a la actividad agraria.
Los ciudadanos en general, también sabrán apreciar el fomento de la calidad alimentaria, el bienestar animal, medidas que se refuerzan en el marco del desarrollo rural, así como el mejor cumplimiento de las normas medio ambientales y de seguridad alimentaria.
También la posición de la UE sale reforzada ante las próximas negociaciones de la OMC en Cancun.
En definitiva, creo que nuestro duro trabajo ha merecido la pena.
Muchas gracias.
Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
Mapa