Nota de Junta Castilla-La Mancha
El consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, anunció ayer en Cuenca la posibilidad de estudiar acciones judiciales contra la decisión de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, por el trasvase de 187 hectómetros cúbicos, por considerarlo con visos de ilegalidad.
Según Gil, el Ministerio de Medio Ambiente parece haber vulnerado las reglas de explotación contempladas en el Plan Hidrológico Nacional, porque según los cálculos de la Consejería el tope para trasvasar en el segundo trimestre del año es de 144 hectómetros cúbicos.
El consejero cree que el envío, que en su mayor parte (140 hm3) está dirigido a regantes del Segura, sobrepasa así en 43 hectómetros la cuota del trimestre y no puede justificarse con cargo al siguiente periodo, porque no puede conocerse por adelantado qué reservas habrá en la cabecera del Tajo a partir de julio.
En esta línea, recordó que la actuación del Ministerio de Medio Ambiente sí tiene como horizonte el próximo 25 de mayo y reiteró su mala gestión del trasvase, que ha motivado la queja formal de Castilla-La Mancha ante la Unión Europea.
«Seguimos sin tener respuesta clara de qué se hace con el agua en el Segura. Hay una cantidad importante trasvasada que no sabemos dónde ha ido a parar. Este trasvase es anormalmente alto y sí que pudiera tener relación con la próxima cita electoral del 25 de mayo», agregó.
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