El consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, manifestó hoy que “el Gobierno de Castilla-La Mancha está realizando un importante esfuerzo económico por conseguir una fase avanzada en la depuración de sus aguas frente al nulo esfuerzo que está realizando el Gobierno central actuando de forma sectaria”.
Alejandro Gil, que mantuvo hoy en Albacete un encuentro con los medios de comunicación, recordó, por ejemplo, que “a esta provincia no ha llegado ni una sola peseta del Gobierno central ni de las confederaciones hidrográficas del Júcar, Segura y Guadiana en la construcción de sus depuradoras frente a los 5.300 millones de pesetas aportados por la Junta de Comunidades, con subvención de programas europeos, y por los ayuntamientos”.
Además, el consejero apuntó que el Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado que las inversiones en depuración para los próximos tres años serán de unos 18.000 millones de pesetas, frente a los 11.000 millones que en el mismo periodo invertirá el Gobierno regional sólo en Castilla-La Mancha.
Gil aludió a la reciente publicación del informe de la Unión Europea, donde pone en entredicho la calidad de las aguas de nuestro país y cuyo mal estado nos puede costar una multa diaria de 7,5 millones de pesetas, casi 3.000 millones de pesetas anuales “que Castilla-La Mancha no va asumir en la parte que le corresponde por no ser responsables de esa mala calidad”.
El titular de la Consejería de Obras Públicas añadió que “el Estado español tiene una difícil defensa en Europa porque no se ha realizado un correcto control de los vertidos de aguas residuales, porque las inversiones en depuración han sido escasas y porque el bajo caudal de los ríos es una atenuante, pero no una eximente de esta responsabilidad”.
En el caso de Castilla-La Mancha, Alejandro Gil recordó que las deficiencias por la calidad del agua se detectan en las Lagunas de Ruidera, donde la Junta de Comunidades proyecta construir las depuradoras de Ossa de Montiel, El Bonillo y Munera, “pero no puede intervenir en el suministro integral de las urbanizaciones del entorno, responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente”, y en la ribera del Júcar, a su paso por Alcalá del Júcar, en Albacete.
También señaló el consejero de Obras Públicas, como ejemplo, que el 78% de la población de la provincia de Albacete ya depura sus aguas urbanas, un porcentaje que se puede elevar hasta el 85% en el plazo de un año y medio por las infraestructuras que ya están en marcha. “Con estos porcentajes cumplimos sobradamente la directiva europea que en el año 2000 las poblaciones de más de 15.000 habitantes deben depurar sus aguas y en el 2005 las de más de 2.000 habitantes”, dijo Gil.
Audiencia Nacional
De otro lado, Alejandro Gil informó de lo que calificó como “buena noticia” al fallar la Audiencia Nacional contra el recurso que había planteado el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura de Murcia contra el Ministerio de Obras Públicas y de Medio Ambiente por la decisión que éste adoptó el 23de marzo de 1993 de conceder un caudal de agua a los regadíos de Los Llanos por las filtraciones del trasvase.
El fallo de la Audiencia Nacional desestima el recurso de esta organización y considera justo que se conceda un caudal de agua a estos regantes, para la mejora de sus regadíos en Los Llanos de Albacete, como compensación por las filtraciones en el túnel de Talave, ya que los acuíferos pierden un volumen de agua de 7,7 hectómetros cúbicos.
El consejero de Obras Públicas recordó que la Junta de Comunidades se personó en aquel juicio a favor de los regantes de Los Llanos y, ahora esta sentencia viene a confirmar lo acertado de esa decisión.
JCLM