Martínez Guijarro explicó la modificación del anteproyecto de Ley, tomado en consideración por el Consejo de Gobierno
El consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural aseguró que esta Ley mejorará y optimizará la gestión ambiental y administrativa de los proyectos que se presentan para su evaluación, con una tramitación más ágil y sencilla.
El titular de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, aseguró en Toledo que la nueva Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, cuyo anteproyecto fue tomado en consideración ayer por el Consejo de Gobierno, “se convertirá en un instrumento para garantizar el desarrollo sostenible de Castilla-La Mancha”.
Martínez Guijarro, que participó en la rueda de prensa para informar de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno, explicó que con la nueva Ley “vamos a mejorar y optimizar la gestión ambiental y administrativa de los proyectos que se presenten en la Consejería para su evaluación, con una tramitación más ágil y sencilla”.
Según el consejero desde que se aprobó la actual Ley, que ahora se sustituirá, se han tramitado en la región más de 9.000 expedientes de proyectos empresariales, que han sido sometidos a evaluación ambiental, y 975 planes fundamentalmente relacionados con cuestiones urbanísticas.
Unos datos que, para Martínez Guijarro, ponen de manifiesto la gran trascendencia económica y social de la nueva Ley de Evaluación Ambiental. “Queremos que el proceso de evaluación de impacto ambiental no sea un obstáculo para el desarrollo socioeconómico de esta región, sino una garantía de que los procesos productivos cumplen los criterios ambientales”, indicó.
El responsable autonómico de Medio Ambiente y Desarrollo Rural apuntó también que la nueva Ley autonómica incorpora las distintas modificaciones legislativas y nuevas directivas que han aparecido a lo largo de los últimos años tanto a nivel europeo como nacional.
El titular de la Consejería resaltó que para la redacción del anteproyecto “hemos contado con la máxima participación posible manteniendo reuniones con los grupos ecologistas de Castilla-La Mancha, federaciones, asociaciones de empresarios y con todas las consejerías implicadas, incorporando al mismo sugerencias y aportaciones que han sido realizadas”. Además fue informada favorablemente por el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
A partir de la toma en consideración por el Consejo de Gobierno, se solicitará dictamen al Consejo Económico y Social y al Consejo Consultivo, antes de que el Gobierno lo apruebe como proyecto de Ley y lo eleve a las Cortes de Castilla-La Mancha ”donde llegará con un amplio respaldo”, aseveró Martínez Guijarro.
Modificaciones más significativas
El consejero de Medio Ambiente y Desarrolló Rural explicó que entre las modificaciones más significativas de esta Ley, con respecto a la normativa anterior, es que se reducen los supuestos de sometimiento de evaluación ambiental en más de un cuarenta por ciento de los casos, una vez comprobado que no siempre se hace necesario para garantizar que el proyecto respeta las condiciones ambientales. Así se refirió al caso muy frecuente de empresas que se instalan en polígonos industriales.
Otra novedad es la validez temporal de las declaraciones de impacto ambiental que tendrán un plazo de vigencia de dos años, transcurridos los cuales, si no se han iniciado las actuaciones, deberá someterse de nuevo a evaluación ambiental o solicitar la validez de la DIA.
Además, incorpora el silencio negativo, es decir, si la Administración no resuelve en los plazos previstos se entiende que no está de acuerdo con el estudio de impacto ambiental que presenta el proyecto. Una novedad que es consecuencia de una sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas en la que condenó a Bélgica por la aplicación del silencio positivo en materia de evaluación ambiental, fijando jurisprudencia en este sentido.
Por último, en materia de planes y programas se prevén distintos tratamientos de evaluación ambiental según la naturaleza de los mismos, según sea un plan urbanístico de un gran municipio o una modificación de las normas subsidiarias para incorporar infraestructuras en pequeños municipios.
JUNTA CASTILLA LA MANCHA