La organización espera que se materialice cuanto antes en medidas concretas.
Iniciativa Rural de Castilla- La Mancha se congratula del anuncio realizado conjuntamente por el Gobierno estatal y autonómico de que el Plan Especial del Alto Guadiana dispondrá de un montante de 3.000 millones de euros en un período de ocho años. La organización recuerda, no obstante, que ello debe materializarse ya en medidas concretas incluidas en el próximo ejercicio presupuestario porque urge empezar a poner solución a la dramática situación medioambiental de la zona y a la angustia e incertidumbre en la que viven miles de agricultores profesionales y pequeños agricultores de la zona.
La Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de Castilla- La Mancha- Iniciativa Rural valora positivamente el anuncio realizado por el presidente regional, José María Barreda, de que el Plan Especial del Alto Guadiana cuente con una dotación presupuestaria de 3.000 millones de euros. Dicho anuncio, fruto del encuentro celebrado con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está en línea con la demanda de COAG-IR de que debería ya empezar a proveerse de financiación al futuro Plan del Alto Guadiana.
No obstante recuerda que, hoy por hoy, a pesar de este anuncio, la situación en la cuenca Alta del Guadiana es dramática desde el punto de vista medioambiental y es angustiosa para miles de agricultores profesionales que siguen sometidos a las restricciones de riego y a las amenazas de sanciones, que en muchos casos son de una cuantía que arriesga la subsistencia de pequeñas explotaciones familiares.
Por lo tanto, COAG-IR recuerda que se debe detallar cuanto antes el origen del montante previsto de esos 3.000 millones de euros y el desglose de las medidas concretas que se van financiar con los mismos. Además, COAG-IR considera que en los ya en los presupuestos deberían aparecer las partidas correspondientes a la puesta en marcha de las actuaciones más urgentes que deben acometerse.
En este sentido, la organización señala que sigue manteniendo entre sus prioridades para el PEAG un plan de adquisición y rescate de derechos de agua ambicioso y financiado con dinero público, con el objeto de destinar una parte de esos derechos a las restauración del acuífero y constituir con otra parte de esos derechos un Fondo Social para reordenar las extracciones dando prioridad a los agricultores profesionales y a las pequeñas explotaciones de cultivos leñosos y sociales.
Por otro lado, la organización señala que se debe disponer los medios para un control efectivo de las extracciones, incluida la generalización de la instalación de caudalímetros; dar consistencia y ampliar la protección a los enclaves de interés medioambiental; solucionar los expedientes de multas sin causar perjuicios irreversibles a los agricultores que puedan beneficiarse del Fondo Social de derechos y resolver las solicitudes pendientes en Confederación; así como poner en marcha medidas voluntarias y ayudas, tanto agrarias como desarrollo rural, para ahorrar agua y rentabilizar los cultivos de secano.
COAG