Los viticultores de Castilla-La Mancha han pedido ayudas para reestructurar 11.000 hectáreas más en el segundo plazo de solicitudes presentadas al Plan de Reestructuración y Reconversión del Viñedo, que finalizó el pasado 15 de noviembre. Esto significa que entre ambos plazos se han alcanzado cerca de las 45.000 hectáreas de viñedo para su reestructuración en los próximos ocho años, según informó hoy el director general de Producción Agraria, Javier García. Como se recordará, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente se había propuesto como objetivo la reconversión varietal de unas 100.000 hectáreas en los próximos ocho años, por lo que “estamos muy satisfechos por la respuesta dada por los agricultores castellano-manchegos a estas ayudas, pues sólo en el primer año se han presentado solicitudes para prácticamente la mitad del número de hectáreas planteadas como objetivo”. “Los agricultores de Castilla-La Mancha han entendido que nos encontramos ante una oportunidad histórica para nuestro viñedo y han sabido aprovecharla”, puntualizó García. Del total de 45.000 hectáreas García explicó que en torno a las 8.000 hectáreas están incluidas en las solicitudes de ayudas para este primer año. El director general de Producción Agraria, Javier García, tras recordar que la media de la ayuda por hectárea asciende a un millón de pesetas, señaló que “Castilla-La Mancha contará con financiación suficiente para reestructurar todas las hectáreas de los proyectos de reestructuración y reconversión que sean aprobados. En este sentido, recordar que Castilla-La Mancha ya cuenta con una asignación de más de 4.500 millones de pesetas para los proyectos presentados en el primer plazo. A esta cantidad, habrá que sumar la que nos corresponda en el reparto de los más de 7.000 millones de pesetas que el Ministerio de Agricultura dejó pendientes de distribuir hasta la próxima Conferencia Sectorial. Por último, recordar que a partir de ahora lo importante es el cumplimiento estricto del cien por cien de los planes de reestructuración que sean aprobados en la región y se cumplan todos los plazos que se contempla en la normativa europea.
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