Concluida prácticamente la cosecha de la campaña cerealista en la región, comprobamos que las previsiones realizadas por ASAJA Castilla y León al inicio de la misma eran acertadas, y la producción total extraída del campo no supera los 4,5 millones de toneladas.
Sin duda, la sequía ha hecho mella un año más en los resultados de nuestras explotaciones, pero más preocupante si cabe que los bajos rendimientos a causa de la escasez de lluvias es que a esta circunstancia se añaden varios factores que dejan la rentabilidad y supervivencia de las explotaciones en entredicho.
Hablamos, un año más, de los bajos precios que los agricultores perciben por sus producciones y del incesante incremento de los costes que afrontan.
Mientras los precios en origen se cifran en una media de 12 céntimos el kilo la media de los cereales, -unos precios que se mantienen desde hace una década-, los costes de producción siguen disparados, lo que provoca que los rendimientos cada vez sean menores.
Si a la poca o mala cosecha añadimos precios de mercado obsoletos en origen, -que por ende los consumidores no notan, puesto que los precios finales siguen incrementándose-, y costes cada vez mayores, es evidente que las cuentas no salen.
Mientras el gasóleo agrícola se ha incrementado en los últimos siete años un 123%, -de los 30 céntimos el litro en 1999 a los 67 en el presente ejercicio-, los fertilizantes más utilizados han sufrido subidas de entre un 33 y un 70% en el mismo periodo.
Con estos incrementos de los medios de producción, el coste por hectárea de cereal ha subido en 102,70 euros en estos siete años, lo que supone, para una explotación media en Castilla y León, de unas 100 hectáreas, un sobrecoste de 10.270 euros.
Por si todo esto fuera poco, las ayudas agrícolas que pretendían paliar esta situación y que se mantienen en el techo fijo decidido por la UE llegan cada vez más mermadas.
Además de la obligatoria modulación, que requisará un 4% del dinero recibido esta campaña y va creciendo, el Ministerio sigue empeñado en que en España se nos aplique el desacoplamiento parcial de las ayudas, lo que perjudica a la libertad del profesional de encauzar sus producciones de cara al mercado, y para colmo, tenemos el artículo 69, otra retención que recoge la reglamentación europea y que también el gobierno ha decidido aplicar a algunos cultivos –el caso más sangrante, el de la remolacha, que sufrirá el 10% a partir de este año-.
ASAJA reclama a las administraciones un vistazo en conjunto a todos estos factores y un análisis profundo sobre el destino al que nos llevan, un análisis que no puede concluir sino en la adopción de medidas urgentes que palien la pérdida de poder adquisitivo del agricultor, en una apuesta fuerte por la mejora del regadío y la ampliación de su porcentaje, que limite el secano y garantice las producciones ante la climatología adversa, y en un Plan Estratégico de Desarrollo Rural hasta 2013 que incluya a Castilla y León como región prioritaria y prevea el destino de fondos a estos cambios estructurales imprescindibles para el campo.
ASAJA CASTILLA-LEÓN