La consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, presentó ayer en Albacete el anteproyecto de ley de Explotaciones Agrarias y Desarrollo Rural que, tras contar con el apoyo de las organizaciones profesionales y el Consejo Asesor Agrario, deberá pasar por el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social para presentarla ante las Cortes regionales.
Se trata, según explicó la consejera, de una normativa, pendiente desde la pasada legislatura, que viene a favorecer a aquellas explotaciones de la región menos viables, ante las consecuencias de la reforma de la Política Agraria Comunitaria.
En este sentido, Mercedes Gómez explicó que Castilla-La Mancha está formada por un tejido de explotaciones agrarias y ganaderas de gran importancia, que representan el tercer lugar del Producto Interior Bruto de la región, por lo que es necesario seguir manteniendo este tejido productivo.
Así, existen algunas explotaciones con problemas para su viabilidad, que sólo es posible gracias a las ayudas del Gobierno regional y comunitarias, a través del FEOGA, a las que van dirigidas las medidas que recoge el anteproyecto de ley.
“Son los agricultores de verdad los que realmente necesitan que se les apoye desde este Gobierno”, manifestó la consejera, asegurando que el objeto de esta normativa es “identificar y poner nombres y apellidos a estas personas” para poder priorizar las medidas de apoyo y desarrollo rural que ofrece la Junta y que pasan, además de las indemnizaciones compensatorias, por los planes de acuíferos, los programas de mejora y modernización de explotaciones o las ayudas correspondientes a los regadíos.
Entre estas explotaciones están incluidas tanto las explotaciones prioritarias como las familiares y las denominadas singulares, que son aquellas que están situadas en zonas desfavorecidas o zonas de montaña.
En el primer caso, el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene identificadas al menos 7.500 explotaciones prioritarias de las cerca de 186.000 que existen en total en la región. En el caso de las explotaciones singulares, en estos momentos la Junta de Comunidades está ayudando, mediante programas de indemnizaciones compensatorias, a más de 16.000 explotaciones.
Estos datos hacen, según la titular de Agricultura, “que la importancia de este anteproyecto de ley sea muy alta y que tengamos que apostar claramente por estas explotaciones”. Por ello, el Gobierno regional quiere agrupar todas las medidas que tiene puestas en marcha, tanto a través de su programa operativo, en vigor hasta el año 2006, como a través de todos aquellos programas incluidos dentro del programa de acompañamiento del FEOGA.
Por último, la consejera criticó el proyecto de Ley Básica de Explotaciones Agrarias y Desarrollo Rural que el Gobierno de España “intentó meter con calzador a las Comunidades Autónomas y que no contempla el apoyo directo a estas explotaciones como pretendemos hacer desde Castilla-La Mancha”.
JCCM