Nota de la CCAE
La Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) y la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), que representan a más de 50.000 empresas agroalimentarias y aúnan el 15% del PIB español, pidieron al gobierno que modifique la actual Ley de Morosidad para reducir, entre otros aspectos, los plazos de pago en las operaciones comerciales. Ambas organizaciones han llegado a la conclusión de que es una norma que no se aplica y que no existe una vigilancia de su cumplimiento por parte de la Administración.
Por ello, enviarán un informe al Congreso en el que exigen un control y seguimiento administrativo de la Ley por parte de la Administración Central y las autonómicas, así como un cambio normativo profundo, que tenga en cuenta sus «mejoras legislativas». El informe fue firmado el 29 de noviembre por el subdirector de CCAE, Agustín Herrero, y el director internacional de FIAB, Horacio González.
También apoyaron esta iniciativa el director general de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción, Luis Rodulfo; y el director general de la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac), Sebastián Molinero.
Señalaron que el texto legal de Ley 3/2004 sobre Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales establece que el Gobierno, en un plazo de dos años desde su entrada en vigor, remitirá al Congreso de los Diputados un informe en el que evaluará los efectos de la aplicación de la directiva. Las citadas asociaciones destacaron que el Gobierno no les ha consultado acerca de revisión de la normativa y resaltaron su situación en cuanto a los aplazamientos en los pagos y la morosidad, que, según explicaron, «su práctica no se ha limitado tras la aprobación de la Ley».
Tanto FIAB como CCAE han comprobado como los plazos de pago reales distan mucho de los plazos impuestos por la Ley, aplicándose aplazamientos que van desde los 45 a los 300 días, dependiendo del sector, el producto y la posición del deudor. Asimismo, la Ley impone altos intereses para evitar la práctica de la morosidad, que va, según sectores, entre 30 y 200 días, pero las empresas no aplican este sistema disuasorio por temor a dañar las relaciones con el cliente, lo que es un síntoma claro de desequilibrio entre el suministrador y el comprador.
El director internacional de la FIAB, Horacio González, explicó que la Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal comunitario por la transposición incorrecta de la directiva comunitaria. González detalló que la normativa española es «tortuosa, debido a las dificultades encontradas en sus inicios», de difícil seguimiento, que no rige en la práctica y cuyos plazos de pago no se respetan y que mantiene las cláusulas abusivas.
Con todo, las citadas asociaciones piden mejoras legislativas para que exista un sistema específico de control y seguimiento administrativo de la Ley, así como para superar las cláusulas abusivas, y sustituir este término por comportamientos abusivos, que englobe tanto las prácticas formales como las informales.
Por otro lado, instan al Gobierno a que articule un procedimiento efectivo de defensa ante los Tribunales, donde las asociaciones puedan plantear los comportamientos manifiestamente abusivos que sufran sus empresas, lo que requiere de la plena legitimación de las mismas, un grado de confidencialidad y la inversión de la carga de la prueba.
CCAE