El consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de Murcia, Antonio Cerdá, firmó ayer martes con representantes de empresas potencialmente contaminadoras de la atmósfera (Española del Zinc, Iberdrola Generación, Repsol Petróleo, Autoridad Portuaria de Cartagena, Auremur, Moyresa, Molturación y Refino S.A., Ecocarburantes Españoles, GE Plastics de España, Holcim España, El Pozo Alimentación, Furfural Español, Novochem, Aprovechamientos Energéticos Furesa y Energygorks Cartagena), la prórroga del convenio de colaboración para el mantenimiento de la Red Regional de prevención y vigilancia de la contaminación atmosférica.
El citado convenio, firmado el 5 de julio de 2001, recoge entre sus cláusulas la prórroga para el período trienal 2003-2005 y la incorporación al protocolo de una nueva empresa (Energyworks Cartagena SL).
Las citadas empresas se comprometen a contribuir anualmente a los gastos de mantenimiento de la citada Red. Para el período 2003-2005 aportarán una cuota de 255.000 euros, siendo la aportación económica mínima de cada empresa 4.905 euros, el 25 % del promedio del total.
Desde 1995, viene desarrollándose la firma de convenios específicos por parte de esta Consejería y la industria potencialmente contaminadora de la atmósfera de Cartagena, en la financiación del mantenimiento y Planes de Vigilancia de la Red automática Regional de Vigilancia de la Calidad del Aire.
La base legal de estos convenios es el artículo 73 del Decreto 833/75 que desarrolla la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico, que establece la obligación de disponer, en ciertas actividades industriales, de aparatos o sistemas que permitan determinar la concentración de contaminantes en el medio ambiente exterior.
La existencia de una red instalada por la Administración permite que esta medida sea cumplida por parte de las industrias instaladas en la Región, contribuyendo a los gastos de mantenimiento y Planes de Vigilancia de las estaciones a través de estos convenios, cumpliendo el principio de «quien contamina paga» e imputando parte de los gastos de vigilancia atmosférica a las empresas que deterioran la calidad del aire.
Cada empresa contribuye económicamente en función de unos criterios basados en la equidad y solidaridad de las actividades respecto a los efectos que producen sus instalaciones sobre la calidad del aire y la población en general expuesta, que periódicamente son revisados por la Administración Regional con el acuerdo previo de las empresas firmantes, siendo renovados estos criterios periódicamente en función de los cambios legales u otras circunstancias que así lo aconsejen
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