La Política Agrícola Común nació en 1957 de la mano del Tratado de Roma, y comenzó a funcionar en 1962. A principios de la década de los 90 se inició un proceso de reforma que, impulsado por la gran cantidad de excedentes, fue apartando progresivamente el centro de atención da la PAC de los precios y la producción para centrarlo en el apoyo a los agricultores. El último paso de esta transformación se produjo en 2003, con la reforma propiamente dicha de la PAC.
Estándares medioambientales
La reforma pone en el centro de la PAC al agricultor y establece un sistema de subvenciones agrícolas en el que se tiene en cuenta el cumplimiento de estándares medioambientales, de seguridad alimentaria o de bienestar animal. También da libertad a los agricultores para producir el producto que demande el mercado. Una de las novedades más destacadas fue que el pago de las subvenciones dejó de depender proporcionalmente del volumen de producción.
Además, se fijaron condiciones diferentes para los países que se unieron a la Unión Europea en 2004 y 2007, donde los agricultores recibirían ayudas directas que irían aumentando progresivamente del veinticinco por ciento en 2004 al cien por cien en 2007. Para el presidente de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, el eurodiputado del Partido Popular Europeo Neil Parish, «desligar los pagos de la producción ha hecho que los agricultores cultiven el mercado, no los subsidios». A su juicio, «antes la PAC era un símbolo del despilfarro comunitario, ahora concede subsidios para que los agricultores actúen como guardianes medioambientales».
Trazabilidad
Por su parte, la vicepresidenta de la comisión parlamentaria, Bernadette Bourzai, destaca el hecho de que se haya subordinado el pago de subvenciones a aspectos como el respeto al medio ambiente, la trazabilidad de los productos, su seguridad alimentaria, el bienestar de los animales o la transparencia.
Ambos eurodiputados consideran que los principales retos a los que se enfrenta ahora el sector son el abandono del mismo por parte de los agricultores más jóvenes, la creciente dependencia europea de la carne importada, la necesidad de brindar mayor apoyo al desarrollo rural y la búsqueda de una posición común sobre los productos genéticamente modificados.
La semana que viene, durante la sesión plenaria que celebrará el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), los eurodiputados debatirán, entre otros, un informe sobre cuotas lácteas y otro sobre el «chequeo» de la PAC.
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