La Administración española ni dignifica ni estimula la actividad agraria, la imagen que está fomentado de los ganaderos a lo largo de la crisis que padecen es un buen ejemplo de lo poco atractivo que se muestra para la sociedad el trabajo en el campo. Por eso, a nadie le puede extrañar que, mientras en los dos último años el número de ocupados en el Estado Español se ha incrementado en más de 1,2 millones de personas, en un contexto de crecimiento económico sostenido, el único sector que ha perdido empleo haya sido el agrario, donde se han destruido más de 78.000 puestos de trabajo. En la última década el número de ocupados en la agricultura se ha reducido en 325.000 personas, lo que explica que la renta agraria se incremente, porque cada vez son menos los que dedican su vida a producir alimentos. De esta manera, se está consolidando una producción industrial de alimentos, menos controlada y con la única obsesión de reducir costes para alcanzar el máximo rendimiento. Crisis como la que en la actualidad sufre el sector vacuno o la que se produjo con los pollos en Bélgica, son el reflejo de lo que ocurre cuando se aplican criterios meramente economicistas a la hora de generar alimentos para la sociedad. Si no se pone remedio, tendremos en pocos años un campo sin campesinos y una ganadería sin ganaderos; más barato para las administraciones, pero que pasará factura en forma de crisis alimentarias y degeneración medioambiental, porque los profesionales agrarios velan con su trabajo por el mantenimiento de un entorno saludable. Por eso, COAG apuesta por un nuevo modelo de producción más natural y reivindica una Ley de Agricultura y Desarrollo Rural que haga frente, de manera integral, a todos estos problemas estructurales agrarios. Porque la producción de alimentos es una cosa muy seria, que hay que dejarla en manos de los expertos, los que lo llevan haciendo durante siglos: los agricultores y los ganaderos, dignificando su labor y fomentando el empleo de los jóvenes en el campo.
GABINETE DE PRENSA