Nota de COAG Murcia
El Grupo Parlamentario del Partido Popular rechazó el pasado martes, en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, las enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios al contenido del Proyecto de Ley de Reformas Económicas del 25 de abril que incluye, entre otros aspectos, el fin del Régimen Especial Agrario de Seguridad Social (REASS).
Con la puesta en marcha de estas medidas, los trabajadores por cuenta propia del REASS sufrirán un progresivo aumento en sus cotizaciones, para en el año 2018 igualarlas con las de los trabajadores inscritos en el RETA de la rama agraria. De esta forma, el 80% de los profesionales agrarios del Estado español pagarán un 33,4% más en el 2004 a la Seguridad Social sin que sus precarias prestaciones sociales se vean proporcionalmente mejoradas. Si la cotización mensual durante el actual ejercicio es de 115 euros (19.221 pesetas), el año que viene subirá a 154 Euros (25.683 pesetas), para situarse en el 2018 en torno a los 230 euros mensuales, el doble de lo que cotizan en la actualidad.
Esta medida afecta en la región de Murcia a más de 7.500 agricultores y ganaderos, y a juicio de Pedro Lencina, Presidente de COAG Murcia, “se trata de un incremento abusivo que, junto con la subida de los costes de producción, la caída de los precios en origen, la nueva Ley de arrendamientos, la Ley de Agricultura y Desarrollo Rural y la reforma de la Política Agraria Común que avala el Gobierno, dibuja un panorama de futuro desolador para el tejido rural”
Para COAG Murcia, esta reforma ha sido fruto de una imposición del Gobierno, con quien sólo hemos mantenido una reunión de trabajo aún a pesar de ser las organizaciones agrarias las legítimas representantes del sector. No se puede despreciar los más de 20 años de existencia del REASS sin que se haya celebrado un debate largo, pausado y productivo entre la administración y las organizaciones profesionales agrarias. El Gobierno ha vulnerado con ello el derecho de audiencia y ha utilizando la vía del decreto ley, cuando las medidas en cuestión no son de carácter urgente ya que no se aplicarán hasta enero de 2004.
COAG