COAG: ‘La PAC, Marruecos, el desfase precios y las crisis ganaderas marcan el año agrícola 2.003’

Nota de prensa y Balance Agrario 2003, por COAG
Durante el año 2.003 el hecho más significativo ha sido, sin duda, la aprobación de una reforma intermedia de la Política Agraria Comunitaria (PAC), cuya aplicación resultará demoledora para el sector agrario. Una reforma que se aprobó de cara a unas exigencias de la Organización Mundial del Comercio, que fracasó en la V Cumbre de Cancún, lo que ha dejado sin justificación alguna la dañina reforma agraria.

Junto a esta reforma intermedia, la Comisión Europea ha puesto en marcha las reformas de las Organizaciones Comunes de Mercado del tabaco, el algodón y el aceite; estas drásticas reformas supondrán la pérdida de millones de jornales y de empleos indirectos, así como el abandono de cultivos y de pueblos. Además, La reforma intermedia de la PAC ha traído un concepto enemigo del sector, la alimentación y el sentido común: el desacoplamiento, que viene a deslegitimar la profesión del agricultor y del ganadero. COAG ha dicho en todo momento no a estas reformas y ha realizado actos reivindicativos y manifestaciones multitudinarias contra las nefastas directrices políticas de Bruselas y para expresar su rechazo de forma tajante a la aplicación del desacoplamiento total y para subrayar que no se está reflexionando sobre qué mecanismos de políticas propias deben ponerse en marcha para atenuar el impacto que la aplicación de la reforma tendrá sobre el sector, y en especial sobre los agricultores de la explotación familiar.

Acuerdo de Asociación. Tampoco puede olvidarse el Acuerdo de Asociación entre Marruecos y la Unión Europea, que supondrá un grave perjuicio económico para los productores del arco mediterráneo, beneficiando sólo al comercio y a los grandes productores y especuladores. La ausencia de transparencia por parte del Gobierno y de las autoridades comunitarias se une a la falta de garantías en la seguridad alimentaria junto a la eliminación de un principio básico de las leyes comunitarias, como es el de preferencia comunitaria.

Precios en origen. Una vez más, 2.003 también ha sido otro año en el que los precios en origen han sido ruinosos y los precios en destino abusivos. Productores y consumidores han pagado las consecuencias de una distribución que acapara amplios márgenes de beneficios ante la mirada contemplativa del Gobierno y de la Unión Europea, que se niegan a realizar una regulación de los precios. Por lo menos, en 2003 se ha producido un debate público que ha permitido conocer con objetividad las causas reales de estos márgenes abusivos.

Reforma del REASS Una vez más, el Gobierno, sin atender a las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos, ha aprobado, por vía de urgencia, una reforma del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, REASS, con un interés puramente recaudatorio y sin que se dé respuestas a las verdaderas necesidades del sector, que pasa por definir adecuadamente los agricultores que deben quedar protegidos por este régimen y mejorar las prestaciones a favor de los agricultores y ganaderos, que en la actualidad perciben las pensiones más bajas de todo el sistema.

Arrendamientos rústicos: Un paso más hacia la desprotección del sector ha sido la nueva Ley de Arrendamientos Rústicos, que nace con el rechazo de todos los grupos parlamentarios de la oposición y, lo que aún es más grave, tampoco cuenta con el refrendo del sector agrario. La nueva normativa, que entrará en vigor el 27 de mayo de 2004, reduce el plazo mínimo de duración del contrato de cinco a tres años, lo que dificulta la estabilidad y viabilidad de las explotaciones, a la vez que elimina la orientación profesional de los arrendamientos; apuesta por grandes explotaciones; aboga por las sociedades anónimas en detrimento de la explotación familiar; y elimina la preferencia de acceso a la propiedad.

Renta Agraria. Recientemente hemos asistido a la publicación de las primeras estimaciones para el año 2003. Si bien la renta agrícola real por activo ha aumentado un 0,9% en la UE, hay que destacar que en la zona euro ha bajado un 0,5%. En España la renta agrícola por activo ha aumentado un 4,2%.

No obstante, la Producción de la Rama Agraria en términos reales ha disminuido tanto por la disminución de la producción agrícola (-1,7%) como de la producción animal (-1,9%). Todo ello supone que el ligero aumento de la Renta por activo no se debe a una mayor Producción de las explotaciones sino se deben en su totalidad, al descenso del empleo agrario. Los últimos 5 años podemos considerar que se ha producido un estancamiento de la renta agraria por ocupado y esto a pesar del importante descenso en el número de empleados.

Ganadería. Este año se ha cumplido tres años desde la aparición de la enfermedad de las «vacas locas», un periodo en el que los ganaderos han acumulado la perdida de millones de euros, debido al incremento de costes de los piensos, a la retirada de los MER o a la retirada de cadáveres. En todo momento se ha intentado culpabilizar de la crisis a los ganaderos, que no han sido responsables pero sí han sufrido sus consecuencias sociales y económicas, frente a la pasividad de un Ministerio, que no ha puesto sobre la mesa las medidas y ayudas necesarias para afrontar la pérdida de renta de las explotaciones ganaderas.

A ello, se une un fuerte hundimiento de los precios de la leche, por debajo de los umbrales de rentabilidad, con el cierre de explotaciones y con una industria que se apodera de la gestión del sector y que cada día tiene más mano libre para llevar a cabo sus prácticas deleznables. COAG ha exigido un precio mínimo que garantice la supervivencia de las explotaciones, con controles de calidad, una aplicación estricta de la legalidad de cuotas y evitar los lactosueros y permeatos en la producción de leche.

Aceite de oliva. Al igual que otros sectores el asunto estrella del año 2003 en el sector del aceite de oliva ha sido la propuesta de reforma de la OCM que la Comisión aprobó el 18 de noviembre y que sustituye el sistema actual de ayudas por un desacoplamiento que destina un 60% del presupuesto al régimen del pago único y un 40% a una ayuda adicional por superficie para mantener el olivar de valor medioambiental y social. La reforma propuesta tiene dos puntos negros fundamentales para el olivar español: en primer lugar establece una neutralidad presupuestaria que condena a los olivareros españoles a soportar a perpetuidad unas penalizaciones superiores al 30%, como consecuencia de una CNG muy por debajo de su capacidad productiva, lo que supone un agravio comparativo con el resto de EE.MM. El sector olivarero reclama 210 millones de euros adicionales en la dotación presupuestaria que le corresponde a España. En segundo lugar desvincula la ayuda totalmente de la actividad productiva, poniendo en serio peligro la continuidad de las explotaciones, sobre todo aquellas de menor rendimiento, y provocando la pérdida de millones de jornales en un sector clave para muchas zonas rurales de zonas calificadas como objetivo 1. Igualmente se pierde la transparencia que se había conseguido el sector y se pone en riesgo los avances en mejora de la calidad y trazabilidad de los aceites.

Vino. Un año más, el sector vitivinícola sigue soportado una grave crisis de difícil solución a corto plazo y que ha dejado en una situación límite a muchos viticultores. Los precios de la uva y del vino han continuado por los suelos y apenas se han activado a pesar de un descenso notable de las existencias y la falta de cosecha tanto en el 2002 como en el 2003 en Francia y en Italia. De hecho, la vendimia 2003 ha sido la más corta de la última década en Europa.

Nos encontramos con precios un 40% por debajo de otros países de Europa, nuestras exportaciones avanzan únicamente a fuerza de bajar los precios y el consumo interno no para de bajar. Se pone de manifiesto el principal problema del sector vitivinícola español, su deficiente estructura comercial.

Por último, destacar la exclusión del vino de la Ley de prevención del consumo indebido de bebidas alcohólicas o ley del «botellón», tras un gran esfuerzo de negociación del sector, reconociéndose la especificidad del vino y su vinculación al mundo de la alimentación.

Herbáceos. Sin duda, el acontecimiento más relevante en este sector es la aprobación de la reforma de la PAC, algunos de cuyos elementos comienzan a aplicarse en 2004, como son la ayuda a los cultivos energéticos, la prima por calidad al trigo duro y la prima a los cultivos proteaginosas. A partir de 2006 comienza a aplicarse el sistema de pago único desacoplado, que COAG ha rechazado por sus efectos negativos sobre la actividad agraria, la continuidad de las explotaciones y el relevo generacional.

El año 2003 comenzó con una situación de precios bajos consecuencia de la importación desenfrenada de trigos forrajeros del Este de Europa. El 1 de enero entró en vigor el nuevo sistema de importación de estos cereales, que establecía un contingente de 3 millones de toneladas con arancel reducido. La sequía y el intenso calor en primavera y verano dieron la vuelta a la situación, con precios al alza derivados de una situación de déficit.

Arroz. La reforma de la PAC es también en este sector el principal acontecimiento del año 2004. La reforma establece una drástica reducción de los precios garantizados compensada parcialmente con un incremento de prima. La limitación de la intervención a 75.000 Tm. supone prácticamente el desmantelamiento de este sistema de garantía. Los efectos sobre los precios ya se están haciendo notar. La penalización de la ayuda pasa de ser progresiva a ser lineal con la eventual superación de la superficie base.

Destaquemos también la severa penalización sufrida por los arroceros en esta campaña, en la que, habiéndose superado la superficie base en un 10%, ha alcanzado el 63%, la más alta desde la implantación de este sistema.

Remolacha. Sin duda, el acontecimiento más grave acaecido este año ha sido el cierre definitivo de dos fábricas azucareras: Monzón de Campos (Palencia) y Benavente (Zamora). Las dos unidades fabriles, propiedad de Azucarera Ebro, se cerraron durante el verano, con el beneplácito de ASAJA, UPA, CCOO y la Junta de Castilla y León. COAG mantiene su oposición a estos cierres y al acuerdo suscrito por sus promotores, acuerdo que contiene graves deficiencias y que está ya siendo vulnerado por la empresa, con los consecuentes perjuicios económicos sobre los remolacheros. UGT mantuvo también su rechazo a estos cierres.
Nota de prensa y Balance Agrario 2003, por COAG

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