El texto acordado plantea que los países puedan elegir un período transitorio antes de que las ayudas sean totalmente otorgadas por superficie y el cien por cien independientes de la cosecha y durante ese plazo podrán mantener vínculos de las primas a contratos o a la producción. En el caso del tomate, ese período será de un máximo de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2011, durante el que se permite mantener un máximo del 50% de la ayuda ligada a la producción.
Para los cultivos frutales, como los cítricos, el período de transición será de cinco años, hasta el 31 de diciembre de 2012. Hasta el 31 de diciembre de 2010 se podrá mantener ligada a la producción el 100% de la ayuda, pero después, y hasta 2013, un máximo del 75% de la prima.
COAG valora el periodo transitorio porque permite que las ayudas estén ligadas a la producción o al hecho de producir, aunque lamenta que esta situación sea un pequeño paréntesis antes del desacoplamiento total de las ayudas. Asimismo, COAG acoge con cautela los posibles condicionantes que se establezcan para acceder a las ayudas durante el periodo transitorio, tales como los contratos con la industria en el caso de los cítricos. Desde esta organización se apuesta por un sistema de ayudas a la hectárea en producción que no deba estar vinculado a un contrato de entrega a la industria, ya que los agricultores quedarían supeditados a la voluntad de ésta para cobrar la ayuda.
Además, la reforma de la OCM de frutas y hortalizas establece, de manera prioritaria, la gestión de crisis a través de los Programas Operativos de las OPFH, (Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas), resultando los principales beneficiarios los socios vinculados a éstas, (en España la participación de las OPFH en el valor de la producción de frutas y hortalizas es del 33%). Se ha aumentado el límite de financiación de las OP al 4,6% del valor de la producción comercializada, sólo para las medidas de gestión de crisis, (frente al 4,1% que actualmente hay para cualquier inversión).
Por otro lado, el acuerdo prevé mecanismos que en ciertos casos beneficien a agricultores que no estén integrados en OP, pero bajo un criterio de renacionalización de las ayudas, al que COAG se opone rotundamente ya que pueden generar agravios comparativos entre productores de distintas zonas. En este sentido, los EE.MM. podrán otorgar ayudas estatales hasta cierto límite y durante un máximo de tres años, para paliar las crisis.
El acuerdo permite también a España dar una ayuda estatal de 15 millones de euros para los productores de tomate destinado a industria en la campaña 2007-2008, montante insuficiente para cubrir la elevada penalización de las ayudas en este sector.
COAG