COAG ha suscrito los 7 puntos propuestos al Gobierno por todas las organizaciones implicadas en el sector del vacuno de carne; pero considera que la Administración central no hace otra cosa que articular un discurso contemporizador que se queda en el plano de las buenas intenciones, que no contribuye a solucionar de manera eficaz la crisis. El Gobierno ha cogido la costumbre de escudarse sistemáticamente en otras instituciones para eludir su responsabilidad política y atribuirle a la Unión Europea y a las Administraciones autonómicas la responsabilidad de solucionar un problema que tendría que asumir sin más dilación, con medidas concretas que garanticen la supervivencia del sector y que permitan al ganadero producir alimentos de calidad para la ciudadanía. Si los ganaderos se ven forzados a declarar que sus animales no presentan síntomas patológicos -como así pretende el gobierno con los nuevos certificados para las especies ovina, bovina y caprina destinados a matadero- no sólo se les está obligando a asumir funciones veterinarias de manera impropia, sino que se les convierte en responsables últimos de cualquier contingencia, papel que tendría que estar atribuido, de forma exclusiva, a facultativos autorizados. COAG exige a la Administración que adopte, de forma inmediata, medidas de carácter económico que eviten la ruina definitiva de los productores. En el mes de diciembre, el sector perdió, a causa de la bajada de precios y el incremento de precio de la proteína vegetal, más de 15.000 millones de pesetas. A estas, ya de por sí cuantiosas pérdidas, hay que sumar el ingreso que pierde el ganadero por la retirada de los MER en los mataderos, 3.500 pesetas menos por animal, que anualmente suponen 9.000 millones de pesetas de pérdida de renta. Por si fuera poco, el productor ha de asumir los costes derivados de la retirada de los animales muertos en sus granjas, unos gastos adicionales valorados en 8.500 millones de pesetas anuales.
COAG