Nota de COAG
El pasado 4 de junio de 2004, el Consejo de Ministros recibió el Informe del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral de Medidas contra la Violencia Ejercida sobre las Mujeres. Este Consejo aprobó dicho informe y solicitó informes con carácter de urgencia al consejo del Estado, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Económico y Social y al Consejo Escolar del Estado.
En el CES, el Anteproyecto se analizó en la Comisión de Trabajo específica creada para tratar la situación sociolaboral de la mujer en España y a través de Eduardo Navarro, representante de COAG en este organismo, se trasladaron las enmiendas realizadas por el Área de la Mujer de esta organización y que finalmente serán recogidas en el dictamen que será aprobado.
Las aportaciones, planteadas por el Área de la Mujer de COAG junto a la Asociación de Mujeres del Mundo Rural, CERES, se podrían sintetizar en los siguientes puntos:
A) La denuncia de violencia de género por parte de las víctimas es siempre muy difícil. Esta dificultad aumenta en un entorno tan reducido, como el del medio rural, en el cual prácticamente todo el mundo es conocido, por lo que se acrecientan las dificultades por parte de la mujer maltratada para denunciar y dar a conocer las agresiones y/o amenazas a las que se ve sometida.
El entorno rural adolece de demasiadas deficiencias en materia de servicios sociales, culturales, sanitarios, etc. por lo que en términos de justicia social no se podía permitir que también en un aspecto tal complejo como la violencia de género la población que vive en este entorno quede al margen de este tipo de servicios. Por ello, cuanto se hace referencia en el ARTÍCULO 14 al DERECHO A LA ASISTENCIA INTEGRAL se debería tener en cuenta esta situación y establecer unos criterios distintos a los existentes en materia de servicios sociales, culturales, sanitarios …
B) El desempleo y la precariedad laboral son factores a tener en cuenta cuando hablamos de situaciones de violencia ejercida sobre las mujeres, y más aún en el medio rural, ya que las víctimas carecen de los ingresos suficientes para hacer frente a las acciones necesarias para alejarse de su agresor.
En el Anteproyecto, se señala que el “Plan de Empleo del Reino de España incluirá un programa de acción específico para las víctimas de violencia sobre las mujeres que estén en desempleo”. Pero habría que añadir a las situaciones de desempleo situaciones de precariedad laboral. Y, por otro lado, tener en cuenta que estas situaciones se agravan en el medio rural y, por lo tanto, son necesarios programas específicos. (Más aún teniendo en cuenta que uno de los problemas más grave del medio rural es el despoblamiento sobre todo a partir de la emigración de las mujeres y jóvenes).
C) Por último, en el artículo 22 hace referencia a unas ayudas sociales cuyo importe es equivalente al de 6 meses de subsidio por desempleo y que las recibirán las mujeres mayores de 55 años que “careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75% del salario mínimo interprofesional”.
A tenor de esta situación, desde el Área de la Mujer de COAG se insta al Gobierno a que estas ayudas las reciban también aquellas mujeres que carecen de rentas ya que una parte importante de la mano de obra en el sector agrario está formada por mujeres mayores de 55 años que, aunque trabajan no están dadas de alta en la Seguridad Social y, por tanto, no están reconocidas como trabajadoras
COAG