Según asegura la organización en un comunicado, la documentación facilitada por el Ministerio convierte dicho decreto en «una mera declaración de intenciones» que, como máximo, supondrá la creación de un registro voluntario de carácter administrativo «donde las agricultoras o ganaderas no van a poder gestionar con independencia la explotación más allá de la recepción del porcentaje de ayudas de la PAC que le corresponda». «El Real Decreto de Titularidad Compartida es tan sólo el comienzo de una larga serie de cambios legislativos necesarios para la verdadera igualdad en las explotaciones agrarias», agrega la nota.
Según la COAG, la titularidad de las explotaciones agrarias se regula en la Ley de Modernización de las Explotaciones agrarias y, por tanto, con un Real Decreto «no tiene habilitación de potestad reglamentaria para promulgarse».
El Área de Igualdad de COAG Andalucía corrobora, además, el dictamen del Consejo de Estado que advierte de la necesidad de precisar que esta norma sólo pretende un alcance registral a efectos de ayudas, pagos, derechos de producción, primas, cuotas u otras medidas de efecto equivalente que correspondan al titular.
La organización agraria considera que también deben precisarse los incentivos que fomenten el reconocimiento «oficial» de que la mujer es cotitular de la explotación agraria, pues este aspecto no ha sido concretado por el ministerio.
EFEAGRO