Los recursos del Estado aplicados al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para 2002 ascienden a 1.387,6 M€, lo que supone un aumento del 4,8% sobre el Presupuesto inicial de 2001 (1.323,6 M€). Este incremento representa, una vez descontada la inflación, una congelación en términos reales del presupuesto destinado a la agricultura y ganadería españolas, a pesar de tener que hacer frente a diferentes situaciones de crisis sectoriales y generales.
La crisis financiera en la que se encuentra el programa de medidas de acompañamiento de la PAC (indemnización compensatoria, agroambientales, forestación y cese anticipado) nos preocupa especialmente, ya que el programa se encuentra en peligro en su totalidad. La necesidad de fondos para este programa justificaría por sí misma una modulación de las ayudas directas de la PAC, un mecanismo que la propia Comisión Europea recomienda. La modulación de las ayudas directas supone obtener unos ahorros presupuestarios que se deben destinar obligatoriamente a la financiación de las medidas de acompañamiento de la PAC. El MAPA en su presupuesto 2002 no ha dispuesto ninguna partida a este fin, por lo que demuestra que no tiene voluntad política de aplicar la modulación de las ayudas directas. Este planteamiento entra ya en la irresponsabilidad administrativa.
La partida destinada al fomento del asociacionismo agrario se reduce en un -18%, principalmente para las agrupaciones y organizaciones de frutas y hortalizas (-33%). A pesar de que se trata de un aspecto en el que es necesario incidir, debido al déficit de asociacionismo agrario que presenta el Estado Español y que incide muy negativamente en la competitividad del sector.
Con respecto a regadíos no se registran avances sustanciales, el que el horizonte del PNR sea el año 2008 (dos años después de la finalización de los programas de desarrollo rural 2000-06), supone una amenaza para aquellas actuaciones que se sitúan en 2007 y 2008, debido a la incertidumbre sobre el acceso a los fondos europeos a partir de esta fecha.
Consideramos que la partida destinada a indemnizaciones por sacrificio de animales resulta insuficiente, desde COAG se ha pedido siempre que la eliminación de los MER y los cadáveres afectados de EEB corra por cuenta de las Administraciones. COAG ha calculado que sería necesaria una cifra mínima de 50 M€.
Para el secretario general de COAG, Eduardo Navarro, “A la pérdida de renta que sufre el conjunto del sector agrario se une el hecho de que el reparto de estas ayudas es tremendamente injusto y desigual, por lo que la modulación se ha convertido en algo necesario para la supervivencia del sector: una modulación, como propone COAG, basada en el empleo, el territorio, el medio ambiente y la calidad de las producciones. Solo de esta forma se hará un buen uso del dinero destinado a preservar la agricultura y la ganadería en el Estado Español”.
COAG