La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia que, a partir de enero de 2011, la cadena de distribución ALCAMPO aplicará un descuento a su favor del 0,15% sobre el importe total de compras que realice a sus proveedores al tener que cumplir los nuevos plazos de pago que recoge la nueva Ley de Morosidad. La cadena de distribución ha informado de la aplicación de este descuento mediante un envío masivo de cartas a todos sus proveedores en España.
COAG considera escandalosa y preocupante la actitud de la cadena de distribución, que pone una vez más de relieve las prácticas comerciales abusivas con “tintes mafiosos” que ejerce la distribución sobre los eslabones más débiles de la cadena agroalimentaria. Además, esta actuación evidencia la necesidad de un régimen sancionador dentro de la Ley de Morosidad para que la nueva normativa se cumpla de forma efectiva y real y no suponga un nuevo gravamen para los agricultores y ganaderos. “Se visualiza claramente cómo se forman los precios en la cadena de valor agroalimentaria, de arriba hacia abajo, al contrario que en cualquier sector. La distribución marca el precio de salida y el resto de eslabones van repercutiendo sus costes al siguiente hasta llegar al último, el sector agrario, que no puede trasladárselos a nadie. Así, cualquier bajada de precios al consumidor se carga en las espaldas de los agricultores y ganaderos, ya que la gran distribución siempre mantiene sus holgados márgenes comerciales”, ha subrayado Miguel López, Secretario General de COAG.
Fruto del trabajo de las organizaciones agrarias y cooperativas, con la aprobación de la nueva Ley de Morosidad en junio de 2010 se consiguió que los plazos de pago para productos perecederos se acortaran y finalmente se establecieran en 30 días. Con anterioridad, los plazos de pago real en España alcanzaban los 101 días en operaciones comerciales entre empresas privadas y los 154 días en las relaciones comerciales con la Administración, el doble que en países como Alemania, Gran Bretaña y Francia y el triple con respecto a países como Dinamarca o Suecia, lo que lastraba nuestra competitividad.
Además, prácticas como la denunciada justifican plenamente la petición de las organizaciones agrarias y cooperativas para que en la futura Ley de Calidad Agroalimentaria, en estos momentos en fase de anteproyecto, se incluya un listado de prácticas comerciales tipificadas como abusivas para que sean perseguidas y sancionadas. En este sentido, COAG exige al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino que la Ley de Calidad recoja un contundente régimen sancionador.
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