El Plan Nacional de Regadíos, un proyecto trascendental y estratégico para el futuro del sector agrario; sin embargo, a juicio de Eduardo Navarro, secretario general de COAG, “el texto se podría quedar en papel mojado en muy poco tiempo, porque carece de la fuerza jurídica deseable para regulaciones de esta naturaleza”. El PNR debería tener carácter jurídico vinculante, pero al no gozar de rango de Ley no tiene plenos efectos jurídicos plenos, puesto que no es ni Ley, ni Real Decreto, ni Orden Ministerial, simplemente será un Acuerdo de Consejo de Ministros con naturaleza de Acto Político y, por lo tanto, no aparecerá ni siquiera publicado en el Boletín Oficial del Estado, lo que limitará su conocimiento y aumentará la inseguridad.
Además, el PNR plantea unos objetivos ficticios en cuanto a la transformación en regadíos de interés nacional y social, porque no aclara cuál será el ritmo de ejecución, que a día de hoy es tan lento que una simple regla de tres nos indica que serán necesarios 13 años como mínimo para cubrir los objetivos, cuando el horizonte temporal del PNR se ha fijado en el 2008.
Este horizonte temporal nos ofrece nuevos interrogantes, porque, si la financiación viene fundamentalmente a través del Plan de Desarrollo Rural que ofrece la Unión Europea y que concluye en el año 2006, qué ocurrirá en los trascendentales 2007 y 2008, cuando la financiación comunitaria no esté garantizada.
Otra de las cuestiones más preocupantes para COAG es la incidencia del Plan sobre las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA): ¿Puede haber transformación en las ZEPA?, ¿Cómo se compensará a los regadíos expectantes que no van a ser transformados?
Por si fuera poco, el PNR no aclara quién, ni cómo van a ejecutarse las actuaciones previstas; no define el papel de las Sociedades Públicas Estatales; no matiza la categoría “regadíos de interés social”; y tampoco diseña mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones.
COAG