A petición del Estado español, el Comité Star, órgano dependiente de la Comisión Europea, ha aprobado varios cambios en el programa de medidas de acompañamiento de la PAC, que incluye las ayudas para la reforestación de tierras agrarias, la indemnización para zonas desfavorecidas, el cese anticipado de la actividad agraria y las medidas agroambientales. Entre los cambios autorizados está la posibilidad de aplicar un distinto importe de las ayudas agroambientales en función de la superficie de la explotación acogida a las mismas, de manera que sólo cobraría el importe íntegro de la misma las 2 primeras Unidades Mínimas de Cultivo Ambiental o UMCA (cada UMCA equivale a 20 hectáreas), entre 2 y 4 UMCA cobrarían el 60 % de la ayuda y por encima de las 4 UMCA cobrarían sólo el 30 % de la cuantía de la subvención. Este mecanismos se denomina "degresividad".
COAG-Iniciativa Rural había instado al Gobierno español a que presentase para su autorización en Bruselas esta propuesta de cambio habida cuenta de las dificultades financieras existentes para poner en marcha el programa de ayudas agroambientales en Castilla-La Mancha. Nuestra región cuenta con unos 12.000 a 13.000 millones de pesetas anuales -entre las aportaciones propias, las del Ministerio de Agricultura y las de Bruselas- para financiar el programa de acompañamiento de la PAC. Dicha cantidad es insuficiente para sostener las medidas que se venían ejecutando hasta ahora y para sufragar nuevas ayudas agroambientales como la del girasol, la del olivar, la de la ganadería extensiva, agricultura ecológica, etc… Debido a esta falta de recursos hasta ahora sólo se ha podido abrir la ayuda agroambiental del girasol y el resto están esperando a que se fueran cerrando otras líneas (como la de compensación por no regar en los acuíferos 23 y 24) para abrirles hueco presupuestario.
Aplicando la degresividad de las ayudas se puede "racionalizar" el gasto en cada línea, reduciendo la concentración de ayudas públicas en grandes explotaciones y liberando recursos que pueden destinarse a poner en vigor otras medidas agroambientales como las ya mencionadas del olivar, de la agricultura ecológica y de la ganadería extensiva; sin que ello afecte a los titulares de pequeñas y medianas explotaciones familiares agrarias, que son la inmensa mayoría de los agricultores de esta región, porque ellos percibirán íntegras las subvenciones.
Rechazo de la tasa sobre el gasoil.
Por otro lado, COAG-Iniciativa Rural de Castilla-La Mancha muestra su rechazo más absoluto a la aplicación para el gasóleo agrícola de la nueva tasa anunciada por el Gobierno sobre los carburantes. Dicha tasa podría representar un aumento de alrededor de 6 pesetas por litro y supondría para los agricultores un aumento de los costes de producción que en Castilla-La Mancha representaría un aumento de los costes de producción de entre 1.300 y 1.400 millones de pesetas al año.
COAG-Iniciativa Rural se reafirma en la necesidad de la creación de un gasóleo profesional agrícola eliminando las 13,09 pesetas por litro de impuestos indirectos que ya gravan a este combustible y rebajando el tipo de IVA que se le aplica, tal y como se ha seguido reclamando por parte de esta organización desde que en 1999 se inició la escalada de precios del combustible.
COAG-IR