COAG-Iniciativa Rural de Castilla-La Mancha considera que el borrador de Ley de Vitivinicultura que el Ministerio ha presentado necesita todavía de mucho trabajo. El borrador es confuso en muchas partes de su articulado, pasa de largo en temas fundamentales, como los viñedos irregulares, y deja en la indefinición muchos otros: por ejemplo, la distribución de competencias y responsabilidades entre las diferentes Administraciones implicadas.
Antonio Castellanos, Secretario General de Castilla-La Mancha ha expresado "que ya era hora de que se sustituyera el Estatuto de la Viña -data de 1970- por una Ley que contemplase la nueva realidad productiva, comercial y también de política agraria; pero nos hemos manejado 30 años con el Estatuto. La nueva Ley tendrá que salir cuando esté lista y consensuada entre productores, el Ministerio y las Comunidades Autónomas". COAG-Iniciativa Rural considera que dicho consenso es imprescindible porque la Ley deberá incluir necesariamente disposiciones sobre asuntos trascendentales para el futuro del viñedo y del vino: como la finalización de las mezclas de vinos blancos y tintos; el ya citado de la situación de los viñedos sin derechos o el carácter público o privado de los mecanismos de control de la calidad de los vinos.
En esta última cuestión, el del control y certificación de la calidad de los Vinos, COAG-IR de Castilla-La Mancha se muestra a favor de que las entidades que realicen esta labor sean de carácter público. Manuel Sánchez-Brunete, viticultor de Toledo que es responsable de Vino de COAG-IR a nivel estatal, ha manifestado en relación a este asunto que: "esta Ley podría dejar en manos privadas el control y certificación de la calidad de los vinos, algo que no garantizaría la homogeneidad en la certificación del origen y calidad del producto, por lo que exigimos que los órganos de control y certificación sean exclusivamente públicos".
Orden Regional de Derechos de Plantación.
Por otro lado COAG-Iniciativa Rural se reúne hoy con la Consejería de Agricultura para discutir los criterios con los que se asignarán entre los viticultores las 4.790 hectáreas de derechos de plantación de viñedos que correspondieron a Castilla-La Mancha de los autorizados a España en la Agenda 2000.
En principio, el destino de estos derechos no sería para la realización de nuevas plantaciones, sino para regularización de viñedos ya existentes, evidentemente de una antigüedad anterior a septiembre del 98. COAG-Iniciativa Rural se posicionará en la reunión a favor de que se consideren criterios de profesionalidad en la asignación de los derechos de plantación, de manera que sirva para aliviar la situación de los agricultores cuyas rentas proceden fundamentalmente del trabajo en su explotación vitícola.
COAG-IR