Nota de COAG
En la rueda de prensa celebrada ayer, el Secretario General de COAG-Iniciativa Rural, José Rodríguez expresó que los agricultores profesionales de la zona lo que menos necesitan son posiciones demagógicas y si propuestas razonables. Rodríguez manifestó el desacuerdo de la organización con que se abra el mercado puro y duro de derechos de agua, porque de ese mercado quien se puede beneficiar no son los agricultores que están pensando en regar, sino los especuladores que están pensando en vender. La salida para los agricultores profesionales que no cuentan con derechos no es el mercado, sino que debe hacerse en el marco del Plan de Adquisición de derechos planteado por el PEAG, destinando una parte de los mismos a regularizar las extracciones de quienes viven de la agricultura y de las explotaciones familiares de cultivos leñosos y sociales.
COAG-IR ha remitido tanto a la Confederación del Guadiana como a la Junta de Comunidades sus observaciones sobre el borrador del PEAG. Las principales cuestiones abordadas son:
– El establecimiento ya en los presupuestos generales del Estado para el 2007 las partidas presupuestarias necesarias para abordar las medidas más urgentes, entre las que COAG-IR coloca en primer lugar el programa de adquisición pública de derechos de agua. La urgencia obedece a que cuanto antes deben emprenderse actuaciones que faciliten la recuperación de los acuíferos de la zona y también porque del ritmo de la adquisición de derechos dependerá la agilidad con la que la Junta de Comunidades podrá destinar parte de los derechos recuperados a las explotaciones de carácter social de los agricultores profesionales. La coordinadora hace especial hincapié en que la adquisición de derechos se debe concentrar en los tres primeros años de la puesta en marcha del PEAG.
– El establecimiento de criterios en el Régimen Anual de Extracciones que permitan que los recursos disponibles se empleen con la mayor eficacia social. Para ello las dotaciones, dentro de lo posible, deben permitir la viabilidad de las explotaciones, cuando menos de de los agricultores cuyas rentas proceden en exclusiva o fundamentalmente de las mismas.
– El PEAG debe reflejar que una parte de los derechos de agua rescatados con el Plan de Adquisición de Derechos debe servir para una regularización selectiva de extracciones priorizando sobre los agricultores profesionales y las explotaciones familiares de cultivos leñosos y sociales. Debe hacerse una evaluación de estas necesidades para determinar cual es el volumen de derechos que han de adquirirse y que parte de los mismos debe destinarse a tal fin.
– La acción sancionadora debe paralizarse hasta tanto en cuanto no esté puesto en marcha el PEAG y no estén definidos los potenciales beneficiarios de la regularización de extracciones, con objeto de no ocasionar a estos perjuicios irreversibles.
Por último, la organización en relación al polémico asunto del Trasvase del Tajo, manifiesta en su documento que mientras el Gobierno de la Nación no ponga fin a la política de Trasvases, los regantes de la Cuenca Alta del Guadiana están perfectamente legitimados para, cuando la disponibilidad de recursos en la cabecera del Tajo lo permita, solicitar el aporte de recursos a nuestras cuencas en las mismas condiciones que a las cuencas de otras regiones.
COAG