El Plan Especial del Alto Guadiana, cuyo objetivo es garantizar la sostenibilidad del aprovechamiento de los recursos en los acuíferos sobreexplotados de la Cuenca Alta del Guadiana, tendría que estar preparado para el mes de julio próximo, ya que la Ley del Plan Hidrológico Nacional establecía un plazo de un año para ello. Ha transcurrido la mayor parte de dicho plazo, 9 meses, y la Administración competente, el Ministerio de Medio Ambiente representado en este caso por la Confederación Hidrográfica del Guadiana no ha dado noticias al respecto. Ni se han hecho públicas las orientaciones que se están siguiendo para la redacción del Plan Especial, ni se ha abierto el debate a otras administraciones y agentes sociales implicados, ni se ha anunciado con cuantos recursos financieros contará dicho Plan, ni de donde procederan.
El más importante recurso hídrico de la Cuenca Alta del Guadiana es el Acuífero 23, del que depende la economía de 23 municipios con una población de 250.000 habitantes y gracias al cual se riegan unas 140.000 hectáreas de cultivos. La superviviencia del acuífero está en serio riesgo por la tendencia al vaciado manifestada en las últimas dos décadas. Al inicio de la década de los 80, las reservas del Acuífero 23 se aforaron en unos 12.000 hectómetros cúbicos. En la actualidad, hemos consumido un 30 % de esas reservas, o sea, unos 4.000 Hm3. Eso a pesar de que, desde 1993, se viene aplicando el Plan de Humedales (cuyo último ejercicio de aplicación es 2003), gracias al cual se han dejado de regar cada año unas 80.000 hectáreas de media en las zonas de acuífero sobreexplotado.
COAG-Iniciativa Rural considera imprescindible que se adelanten los trabajos de elaboración del Plan, que se abra su preparación al máximo consenso y a las aportaciones de todos los agentes afectados y que se garanticen los fondos necesarios para su puesta en marcha. Esta organización, en la ponencia sobre Agua aprobada en la Asamblea Regional celebrada el pasado 9 de marzo ha sugerido los ejes sobre los que debería basarse dicho plan, que se resumiría en las siguientes líneas:
a) Actualización del inventario de pozos.
b) Creación de un Banco Regional de derechos de agua.
c) Supresión excepcional de la posibilidad de compra-venta de derechos de agua entre particulares en el acuífero sobreexplotado; salvo que se haga a través de dicho Banco.
d) Compra de derechos de agua por el Banco Regional a los propietarios que voluntariamente lo deseen, tras comprobar que existen realmente los caudales correspondientes a dichos derechos.
e) Ordenación de las extracciones, mediante la asignación selectiva de una parte de los derechos obtenidos por el Banco Regional a los poseedores de pozos irregulares; primando la residencia en la región, la vinculación profesional al sector agrario, los cultivos leñosos poco exigentes o cultivos sociales. El resto de derechos se destinarían a la recuperación del acuífero.
f) Cierre de los pozos que no obtuvieran concesión, por la vía de multas con carácter ejecutivo.
g) Instalación de caudalímetros en todos los pozos con concesión antigua, o de la nueva asignación obtenida del Banco Regional.
Sobre la Medida Agroambiental de ayudas al Ahorro de agua de riego en zonas de humedal y acuíferos subterráneos, que quizás vendría a sustituir al Plan de Humedales que se extingue; COAG-Iniciativa Rural considera que no puede suplantar al Plan Especial para el Alto Guadiana, sino que debe ser uno de los instrumentos con que cuente dicho Plan para alcanzar el objetivo deseado de uso sostenible de los recursos de los acuíferos.
Por otro lado, COAG-Iniciativa Rural también muestra su preocupación por el hecho de que el arranque en Castilla-La Mancha del Plan Nacional de Regadíos esté encontrando tantas dificultades. COAG-Iniciativa Rural ha sido muy crítica con la parte correspondiente a nuestra región del Plan Nacional de Regadíos; ya que, por una lado no cumplía las expectativas del acuerdo sobre regadíos firmado por la Administración Regional y todos los agentes sociales en diciembre del 98; porque se queda muy por debajo de las necesidades de mejora y transformación de regadíos de esta región y porque discrimina a Castilla-La Mancha en cuestiones claves, fijando una inversión por hectárea de regadío mucho menor en esta región que en otras. Esta organización espera que los retrasos que está sufriendo la firma del PNR en Castilla-La Mancha sean signo de que se está negociando entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno Regional se están negociando mejoras significativas en las condiciones de realización de dicho plan en nuestra región.
Coag