El fraude del lino pone en entredicho la honorabilidad de un colectivo de agricultores por culpa de un puñado de sinvergüenzas y de algunos miembros de las administraciones, central y autonómicas, que hicieron la vista gorda ante un escándalo terriblemente lesivo para este cultivo y sus profesionales.
COAG reclama para los primeros, los especuladores defraudadores, que les caiga todo el peso de la Ley, que se investigue a fondo y se les impongan las sanciones que correspondan por desprestigiar a los profesionales agrarios honrados y por haber querido aprovecharse de los mecanismos de ayuda comunitarios en perjuicio de los auténticos cultivadores. Para los segundos, políticos que no supieron o no quisieron desempeñar con rectitud su labor de control y correcta asignación de los fondos comunitarios, COAG pide que también se sometan a las sanciones que les pudiera corresponder, pero que, como primera actuación, dimitan de inmediato o que sus administraciones procuren que cesen de manera fulminante, por haber sido los responsables directos del fracaso en la gestión de las Administraciones implicadas. La primera en abandonar sus funciones a de ser la Comisaria Loyola de Palacio, máxima responsable de la gestión de las ayudas que Bruselas destinaba a lino español.
A juicio de Eduardo Navarro, secretario general de COAG, “Una vez más, unos pocos especuladores amenazan la honrada subsistencia de los auténticos profesionales del campo, que sufren repetidamente como el entendimiento de unos pocos sinvergüenza con la connivencia de responsables administrativos arruinan su recta subsistencia profesional. El cultivo del lino ha pasado de ocupar 110.000 hectáreas de nuestros campos en el 1999 a menos de 12.000 en el 2001”.
COAG