Lamentablemente, el tema estrella para los agricultores y ganaderos de nuestro país en el año 2000 ha sido la desmedida subida de los factores de producción, principalmente del gasóleo agrícola y los fertilizantes, que han generado un gasto a mayores en la presente campaña que supera los 100.000 millones de pesetas.
COAG se ha movilizado desde enero hasta noviembre en distintas ocasiones para exigir al Gobierno el desarrollo de unas medidas eficaces que sirvan para paliar esta grave situación, frente a un Acuerdo firmado por el MAPA con el resto de OPAS y Cooperativas, que lejos de aportar soluciones, sólo sirve para endeudar aún más al sector con nuevos créditos. Desde COAG, pese a las últimas reducciones de los precios en los carburantes que no suponen ningún cambio para el sector agrario, sigue exigiendo el establecimiento de un precio social para el gasóleo agrícola profesional, que debe rondar las 40-45 pesetas por litro y la consideración del sector agrario como estratégico, ya que la Comisión aprobó prorrogar durante dos años la legislación que permite rebajar el impuesto de los carburantes.
En cuanto a los fertilizantes, han sufrido un incremento de casi el 50 % en el presente año, con una estimación de pérdidas para el sector de 20.000 millones de pesetas, debido a las prácticas oligopolistas utilizadas por las grandes empresas que controlan este mercado que deben ser estudiadas por el Tribunal de la Competencia para actuar en consecuencia
Crisis en el vacuno de carne
La aparición en Galicia de dos casos aislados de vacas locas desató la crisis. Los ganaderos están sufriendo al ver como las ventas se reducían en cerca de un 25 %, a lo que se une la caída de precios en un 20 % más como consecuencia de la aplicación de la Reforma de la PAC. Frente a esta delicada situación de los ganaderos, el Gobierno ha anunciado a bombo y platillo un Plan de Lucha contra la EEB, utilizando al sector como meros convidados de piedra, y con la intención de obligarles a aportar entre 2.400 a 6.000 millones de pesetas en forma de Tasa para la eliminación de los MER (Materiales Específicos de Riesgo), lo que rechazamos con absoluta contundencia ya que los ganaderos no son en ningún caso responsables de esta crisis. COAG ha exigido la generalización de los análisis a toda la cabaña ganadera de más de 24 meses, así como la apertura de la intervención a todo tipo de canales de forma indefinida con un precio que debe rondar las 500 pesetas por kilo frente a las 380 marcadas desde Bruselas. Además, se debe proceder a la eliminación de las harinas de origen animal de la alimentación de cualquier tipo de ganado y deben ser los fondos públicos los que abonen el coste de los MER, así como incentivar la producción de proteaginosas, leguminosas y oleaginosas en España y la UE para sustituir la falta de materiales proteínicos en los piensos y evitar con ello una mayor dependencia de la importación de soja transgénica.
Caída de los precios agrarios
Los precios percibidos por los productores agrarios españoles descendieron en 2000 un 1,5 % según las primeras estimaciones. El comportamiento ha sido muy diferente según se trate de producciones animales o vegetales, ya que mientras en las primeras los precios percibidos han aumentado un 6,3 %, en las segundas el descenso ha alcanzado el 5,8 %. Los mayores descensos de precios se han producido en tubérculos, vino y aceite de oliva, mientras que por el contrario se ha incrementado el precio de la carne de porcino y los huevos. Con la bajada de este año, se suman 5 años consecutivos en los que los precios a los productores españoles experimentan descensos. Con ello, se produce una caída de las rentas agrarias que no se ha visto compensado por un incremento de las ayudas, lo que ha llevado a muchas explotaciones, sobre todo las familiares, al abandono de la actividad agraria.
La modulación pendiente en las ayudas PAC
COAG exige, frente a la falta de recursos financieros, para las ayudas directas y para las medidas de acompañamiento de la PAC la inmediata aplicación de la modulación y la puesta en marcha de una Ley Básica de Agricultura y Desarrollo Rural, que ha sido acogido con gran satisfacción no sólo entre los agricultores a título principal (ATP), sino en las propias instituciones del Estado y en el conjunto de la sociedad española. Lamentablemente, uno de los aspectos más negativos de la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo Rural para el período 2000/2006, ha sido la insuficiencia de recursos disponibles para atender la puesta en marcha de las cuatro medidas de acompañamiento de la PAC (agroambientales, forestación, cese anticipado e indemnización compensatoria), ya que una gran parte irá destinado a pagar compromisos anteriores por lo que se retrasará la puesta en marcha de las nuevas medidas que está demandando el sector agrario, unido a la mala negociación realizada por el MAPA en relación a estas medidas, que al final han quedado bastante peor que las que se van a aplicar en otros países de la UE, lo que compromete su puesta en funcionamiento. Pérdida de empleo agrario El sector agrario es el único de los sectores económicos que en el 2000 verá reducirse el número de ocupados en la significativa cifra de 30.000 personas, mientras que en el resto de sectores (industria, construcción y servicios) se ha producido una importante creación de empleo. Este dato confirma la tendencia iniciada en 1999 con la destrucción de 47.000 empleos y la ruptura de la estabilidad en el número de ocupados agrarios observada en los años 1996, 1997 y 1998. Durante estos años el número de ocupados agrarios se había estabilizado alrededor de 1 millón, pero los datos de 1999 y 2000 bajan este número hasta 930.000 personas. Las consecuencias de esta pérdida de empleo agrario son dramáticas para muchas zonas rurales, en las que la escasez de activos conlleva a la desertización humana y a la parálisis económica. Hay que recordar que el porcentaje de ocupados agrarios sobre el total ha pasado en la última década en España del 11,1 % al 6,5 % en 2000, lo que refleja la pérdida de peso del sector agrario en el conjunto de la economía de nuestro país.
Repunte de la renta agraria
Las últimas estimaciones de Eurostat indican que la renta agraria en España ha repuntado en 2000, después de tres años consecutivos de descenso (- 4,4 %, – 6,2 % y – 3 %), con un crecimiento del +4,6 % , superior a la media europea ( + 1,3 %). Sin embargo, este repunte no puede ser valorado positivamente por COAG, ya que se debe principalmente a un descenso del número de ocupados agrarios (- 3 %) durante el año 2000, apuntado anteriormente (30.000 personas menos), así como a la mala gestión desarrollada por el MAPA, que queda ejemplificada en el tratamiento que se le ha dado al grave problema de la subida de los carburantes y, con anterioridad, en el tratamiento dado al problema de la Sequía durante 1999. Si bien, se ha producido un incremento en la producción final agraria, debido a una cosecha mejor que la del año pasado, así como a una recuperación de los precios de los productos ganaderos, sobre todo, el producido en cerdo y aves, lo cierto es que sin considerar el efecto del descenso del empleo la renta agraria española ha permanecido prácticamente estabilizada en términos globales, con un incremento del 1,3 % sobre la de 1999.
Plan Hidrológico
El anteproyecto presentado por el Gobierno al Consejo Nacional del Agua no cumple ninguno de los objetivos que entendemos debe contemplar un Plan Hidrológico Nacional (PHN) siendo una excusa para trasvasar agua del Ebro hacia el Arco Mediterráneo y generar nuevas demandas a la vez que desequilibra el territorio. La solución para COAG pasa por contemplar, además de un nuevo PHN, diversas alternativas que afectarán a diversas cuencas como son la desalación, depuración y reutilización del agua. Este nuevo proyecto que se ha de elaborar tendrá que contemplar no sólo aspectos económicos, sino fundamentalmente de equilibrio social, territorial, poblacional y medioambiental.
GABINETE DE PRENSA