COAG reclama al Ministerio de Agricultura un impulso para la agricultura y ganadería ecológicas


La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, reclama al Ministerio de Agricultura que de un impulso sincero a favor de la agricultura y la ganadería ecológica. Las únicas ayudas que recibe la producción ecológica se otorgan en el seno de los paquetes destinados a las ayudas agroambientales que forman parte de le las medidas de acompañamiento de los planes de Desarrollo Rural. Estas ayudas están cofinanciadas por la Comisión Europea, el Ministerio de Agricultura y la Comunidades Autónomas.

Son las Comunidades Autónomas las que tienen las competencias de decidir cuales serán las líneas de ayudas preferentes a desarrollar, sin que existan partidas definidas destinadas a Agricultura y ganadería ecológica, por lo que los productores ecológicos pueden verse privados de estas ayudas. Además, estos mecanismos provocan asimetrías entre los productores de los distintos puntos del Estado español. En el año 2002, Comunidades Autónomas como Extremadura y Castilla-LaMancha, no lograron nuevas ayudas y se limitaron a cumplir con los compromisos previamente adquiridos, lo que limitó tanto el crecimiento del sector como las nuevas incorporaciones. Además, se atisba una tendencia a la baja, en el 2001 se destinaron en el conjunto del Estado español 20.705 Euros para el fomento de estos productos; mientras que en el 2002 fueron tan sólo 12.856.

COAG demanda unas líneas específicas de ayuda y que no se utilice la superficie como criterio único -porque algunas explotaciones ganaderas de aves, conejos y abejas salen muy perjudicadas- y que se concedan apoyos sólidos según criterios de reconversión de las explotaciones a producción ecológica y a la incorporación de jóvenes al ejercicio de esta modalidad de producción.

El Ministerio, sin embargo, sigue apostando por la vía de las ayudas agroambientales y no da una respuesta contundente a otros problemas que sufre el sector como son: la proliferación de Falsos Bio, la contaminación por culpa de transgénicos o la ausencia de la consolidación de un modelo de certificación publica.

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