Esta cantidad supone un incremento con respecto a las ayudas del año 2003 del 54%, con lo que la Conselleria pretende atender todas las solicitudes de ayudas que se presenten. El principal objetivo de estas subvenciones es asegurar unos ingresos a los agricultores de mayor edad que decidan cesar en su actividad, facilitando así la renovación generacional en favor de profesionales más jóvenes, que puedan mejorar la viabilidad económica de las explotaciones de las que se hagan cargo.
Cabe recordar que el cese anticipado es una medida que se enmarca dentro de las ayudas para el desarrollo rural de la Unión Europea, y que están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Conselleria.
La conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación abrirá el periodo de presentación de solicitudes de ayudas para fomentar el cese anticipado durante el primer trimestre de 2005.
Los beneficiarios de estas ayudas son los titulares y trabajadores de explotaciones que cesan definitivamente en la actividad agraria, con una edad comprendida entre los 55 y los 65 años. Los requisitos que deben cumplir los titulares son haber ejercido la actividad agraria durante los diez años anteriores al cese y haber cotizado en el correspondiente régimen de la Seguridad Social durante un tiempo que le permita completar, al cumplir sesenta y cinco años, al menos quince años de cotización.
Por lo que respecta a los trabajadores de las explotaciones cuyos titulares cesen en su actividad, pueden recibir las ayudas si, además de cesar también ellos definitivamente en la actividad agraria, tienen una edad comprendida entre los cincuenta y cinco y los sesenta y cinco, han cotizado al menos durante quince años y se han dedicado a la actividad agraria al menos la mitad de su tiempo de trabajo durante los cinco años anteriores al cese.
Podrán hacerse cargo de estas explotaciones, entre otros, los jóvenes agricultores, es decir, los que tengan edades comprendidas entre 18 y 40 años, que ejerzan o pretendan ejercer la actividad agraria y se comprometan a mantener la explotación durante al menos cinco años en unas condiciones de viabilidad.
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