Comparecencia de Alejandro Alonso ante la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, calificó ayer de “prematura y arriesgada” la decisión del Ministerio de Agricultura de reducir drásticamente los presupuestos para luchar contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) en el año 2002, y considera que “puede tener riesgos sanitarios”.

Alonso, que compareció ante la Comisión de Agricultura de las Cortes de Castilla-La Mancha, reiteró que el estado de la ganadería regional está en primera línea nacional en cuanto a sus censos, a su productividad y a su estado sanitario.

El consejero indicó que en esta legislatura la situación de la ganadería regional ha sido tratada una docena de veces en el Parlamento regional, de las cuales ocho han sido para tratar la enfermedad de la EEB, algo de lo que “no existe parangón en otras Comunidades Autónomas” y añadió que “algunas de sus señorías se empeñan en hablar de vacas locas, cuando el sector cárnico se encuentra en fase de recuperación”.

Alejandro Alonso informó a las Cortes de la situación de la marcha del Plan Coordinado de Lucha contra la EEB, de acuerdo al último informe de seguimiento y recordó que “este informe se remite semanalmente al Ministerio de Agricultura y se cuelga en la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.

Entre los datos de este informe, Alonso destacó que, a fecha 3 de diciembre, en Castilla-La Mancha se han realizado 17.403 tests priónic, habiéndose producido sólo un caso positivo en Cardiel de los Montes (Toledo) el pasado 14 de mayo.

Respecto a la eliminación de los MER en explotaciones ganaderas, se recogieron 5.157 animales muertos en dichas explotaciones, correspondientes a 4.139 llamadas de ganaderos de la región. Como se recordará, esta actuación ha sido sustituida por la suscripción de seguros ganaderos.

Sobre el etiquetado de carne de vacuno, Alonso recordó que se elaboró un Plan de control de etiquetado de vacuno, que ha supuesto 1.639 visitas a puntos de ventas y mataderos y la apertura de 22 procedimientos sancionadores.

En el control de la alimentación animal, el consejero indicó que se han inspeccionado 136 establecimientos, se han recogido 478 muestras de piensos en establecimientos y 1.034 muestras en 802 ganaderías. El resultado ha sido de 1.512 análisis negativos y 37 análisis positivos.

Para la eliminación de las harinas cárnicas, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente suscribió un convenio con las cementeras de la región el pasado 2 de marzo y autorizó los depósitos en los vertederos controlados de Alcázar de San Juan, Hellín y Toledo.

Alonso indicó que se están destruyendo harinas cárnicas en Valenciana de Cementos (559,7 toneladas); Asland (653,3 toneladas); y en Elcogas (93,2 toneladas).

Asimismo, el consejero recordó que durante los meses de septiembre y octubre se ha realizado una campaña de promoción del consumo de carne de ternera.

Por último y tras hacer un recorrido por la legislación y normativa que se había generado desde la Consejería para hacer frente a la EEB, Alonso señaló que Castilla-La Mancha se encuentra entre las comunidades autónomas con una menor incidencia de vacas locas/tests realizados, según la información de la página web del Ministerio de Agricultura.

Limpieza de arroyos, un ejemplo de descoordinación entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación del Tajo

Durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, el consejero informó también sobre la paralización de las obras de limpieza de arroyos en la provincia de Toledo realizadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo y aseguró que “la única descoordinación producida ha sido entre la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Ministerio de Medio Ambiente”.

Alonso aseguró que tanto el MIMAM como la Confederación han actuado de forma “improcedente, atrevida y con escaso rigor medioambiental”.

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente recordó que el pasado 20 de julio se firmó un convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Tajo, órgano dependiente del MIMAM, la Consejería de Obras Públicas y la Diputación de Toledo para el desarrollo de un programa de actuaciones denominado “Obras de emergencia para actuaciones de limpieza y restauración de diversos ríos y arroyos de la provincia de Toledo”.

Alonso señaló que “la única Administración responsable de la ejecución de las actuaciones previstas en dicho convenio es la Confederación Hidrográfica del Tajo” y añadió que “la CHT inició las obras en 16 puntos de la provincia de Toledo a principios de agosto, sin que se hubiesen podido emitir los informes ambientales de la Delegación de Agricultura y Medio Ambiente de Toledo y sin que se hubiese publicado en el BOE la exención de Evaluación de Impacto Ambiental y las medidas correctoras por la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental del MIMAM”.

Durante los días 23 y 24 de agosto, los agentes medioambientales y técnicos de la Delegación de Agricultura y Medio Ambiente de Toledo realizan visitas de inspección de las obras y levantan actas de las mismas, oficiándose las primeras denuncias y órdenes de paralización de los trabajos.

El pasado 28 de agosto, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente ordenó la paralización de las obras que estaba llevando a cabo la CHT y que afectaba a 23 tramos de ríos y arroyos en 16 términos municipales de la provincia de Toledo por dos razones: los daños ecológicos que se estaban ocasionando y la falta de autorizaciones previstas en la legislación medioambiental.

Entre los daños ecológicos provocados, Alonso señaló: excavación del lecho y perfilado de los taludes de los cauces realizado con maquinaria pesada; destrucción de formaciones arbóreas consideradas hábitats de protección especial (saucedas, alamedas, fresnales y tarayales); y destrucción de hábitats y nidos de especies en período de reproducción, como el martín pescador, zarcero común, escribano palustre y escribano soteño.

“La Consejería pidió a la Confederación y al Ministerio el cumplimiento de la normativa medioambiental y de evaluación de impacto ambiental, tal y como se hace a cualquier hijo de vecino”, puntualizó Alonso, quien añadió que “además hemos aportado soluciones concretas para poder desbloquear una situación provocada por ellos”.

En este sentido, Alonso explicó que, tras la paralización de las obras, la Confederación, “con prisas y dándose cuenta del error cometido”, remitió el pasado 11 de septiembre a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente la documentación ambiental de las actuaciones a realizar.

La Secretaría General de Medio Ambiente, con fecha 1 de octubre, resuelve eximir a determinadas obras, y no a todas las previstas, del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y establece las condiciones para su realización, de acuerdo a los informes emitidos por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, informes que debería haber realizado el propio MIMAM.

“Todo esto deja claro que todo el trabajo de carácter técnico y medioambiental que tenía que haber realizado la CHT y el MIMAM en su momento, se ha tenido que hacer deprisa y corriendo para poder iniciar o proseguir con las obras”, dijo Alonso, quien añadió que “si ha habido descoordinación ha sido entre la Confederación y el Ministerio”.

Alonso señaló que “la Consejería ha actuado siempre bajo el principio de legalidad y en cumplimiento de sus obligaciones de protección y defensa del medio ambiente” y añadió que “sin poner en cuestión el objeto y finalidad del convenio, consideramos que las actuaciones en arroyos y riberas se han realizado sin los estudios técnicos pertinentes, de manera precipitada y con graves daños ambientales”.

A juicio de Alonso, la Consejería ha puesto a disposición todos sus medios técnicos y humanos de las áreas medioambientales para conseguir una resolución de los expedientes paralizados lo más pronto posible y el inicio de las obras pendientes, pero “siempre haciendo compatible el objetivo de estas obras con el respeto a la legislación ambiental y a los recursos naturales”.

Alonso afirmó que “las posteriores actuaciones del MIMAM y la CHT demuestran que su actuación ha sido improcedente, atrevida y con escaso rigor medioambiental” y añadió “en unas semanas han hecho lo que deberían haber realizado en meses (procedimiento ambiental) y años (limpieza)”.

Ayudas trigo duro

Sobre la información solicitada por la Comisión sobre los 10.737 expedientes de resolución de ayudas a los productores de determinados cultivos herbáceos en la campaña de comercialización 1999-2000, Alonso explicó que en 2.628 resoluciones, las referentes a la ayuda al suplemento del trigo duro, se produjo un error informático.

Este error obedeció a la aplicación en estos expedientes de una nueva versión del sistema informático que se ha creado para futuras campañas, lo que produjo variaciones importantes en la descarga informática de los datos.

Una vez detectado el error, la Consejería adoptó una serie de medidas: comunicación telefónica a las organizaciones agrarias y a las oficinas comarcales agrarias del error producido, remisión de una carta del director general de Producción Agraria comunicando el error y pidiendo disculpas y se está trabajado para, en breves fechas, comunicar las nuevas resoluciones que revocan la anterior.

Asimismo, Alonso señaló que los intereses que puedan derivarse de este error informático no se tomarán en cuenta y, por tanto, no van a repercutir en los agricultores.

Por último, el consejero destacó el trabajo que realizan los servicios de gestión de ayudas de la PAC y de informática de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, “que llevan a cabo un gran esfuerzo para conseguir que el ingente trabajo de recepción de solicitudes, control y pagos de las ayudas agrarias se realice con eficacia, transparencia y rigor jurídico”.

La Consejería realiza anualmente más de 300.000 pagos que corresponden a 188.585 beneficiarios, a través de 23 líneas de ayudas, que abarcan aproximadamente 140.000 millones de pesetas. “Este error detectado y corregido afectaría, por tanto, al 0,8% de los pagos que realiza la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente”, concluyó Alonso.

JCCM

Deja una respuesta