Nota de Greenpeace
Las organizaciones Greenpeace, Unión de Consumidores de España-UCE, Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España-UDP, Asociación General de Consumidores – Confederación ASGECO, Confederación de Consumidores y Usuarios–CECU y Confederación Española de Consumidores y Usuarios-HISPACOOP han decidido unir sus fuerzas para trabajar juntas con el fin de lograr que todos los consumidores puedan ejercer su derecho a elegir electricidad limpia.
Las seis organizaciones han suscrito un convenio de colaboración, por primera vez en nuestro país, cuyo objeto es promover la protección del medio ambiente y unas prácticas de consumo ambientalmente sostenibles entre los consumidores y usuarios y entre la ciudadanía en general.
La colaboración de las seis organizaciones se iniciará con una campaña por el derecho a elegir electricidad limpia, cuyos ejes principales se han incluido en un anexo al mismo convenio. El objetivo de esta campaña es “impulsar el papel de los consumidores para influir en la transformación del sistema eléctrico hacia la sustitución de fuentes de energía sucias por limpias, mediante el ejercicio efectivo del Derecho a elegir el origen de la electricidad, eligiendo electricidad limpia”.
La campaña prevé formular todas cuantas propuestas se considere necesarias para favorecer la posibilidad de elegir electricidad limpia, tales como:
– Hacer converger las tarifas eléctricas con los costes reales del mercado de la electricidad, incluyendo los costes ambientales, de forma que los consumidores reciban una señal de precio que les permita ajustar su demanda y poder acceder a ofertas de distintos suministradores.
– Neutralizar el impacto de una modificación de tarifas sobre los consumidores, acompañándola de medidas de gestión de la demanda que promuevan el ahorro y uso eficiente de la energía, de forma que el consumidor pueda pagar menos reduciendo su demanda y manteniendo o mejorando los servicios energéticos que recibe, así como estableciendo distintos tramos de tarifa que favorezcan a quien usa la energía de modo racional y penalicen a quien la derrocha.
– Separar completamente a las compañías que realicen actividades reguladas (transporte y distribución de electricidad) de las que realicen actividades no reguladas (producción y comercialización), impidiendo su pertenencia a los mismos grupos de empresas, salvo cuando no alcancen un tamaño que permita su viabilidad por separado.
– Establecer un sistema de garantía de origen de toda la electricidad, que acompañe siempre a toda transacción de electricidad, evitando un mercado paralelo de certificados.
– Establecer un etiquetado eléctrico uniforme y fiable que asegure que todos los consumidores reciben la información que necesitan para conocer el origen e impacto ambiental de la electricidad que vende la compañía que les suministra.
– Eliminar las barreras que impiden u obstaculizan el acceso de los consumidores al mercado eléctrico, directamente o a través de comercializadoras o cooperativas de consumo.
Para defender estas propuestas, las seis organizaciones firmantes se proponen, entre otras actividades:
– Ejercer de interlocutores ante las Administraciones públicas competentes, en especial el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de forma que cuando se legisle y regule en materia de consumo de electricidad no se tenga en cuenta únicamente el criterio de las compañías eléctricas.
– Movilizar a los ciudadanos para que reclamen su derecho a elegir electricidad limpia por todos los medios que se considere apropiados.
– Divulgar y difundir entre la sociedad la problemática relacionada con el derecho a elegir electricidad limpia, mediante la participación en foros de debate, organización de jornadas, acceso a los medios de comunicación, etc.
– Denunciar a aquellas compañías o entidades que no cumplan sus obligaciones de transparencia y veracidad en la información que proporcionan al consumidor, o que realicen actividades publicitarias engañosas.
La generación de electricidad es actualmente la mayor fuente de emisión de CO2 a la atmósfera y la única que produce residuos radiactivos de alta actividad. Evitar estos problemas sería posible mediante la sustitución de fuentes de energía sucias por limpias en la generación. Sin embargo, hasta ahora los consumidores no han podido tener ningún papel para determinar de qué forma se habría de producir la electricidad que consumen.
La transparencia de la información es una condición necesaria, pero no suficiente para que los consumidores puedan ejercer su derecho a elegir. Existen aún otras barreras sobre las que el legislador debe actuar, particularmente la forma en que la tarifa integral se configura actualmente.
Greenpeace