El proyecto de ley fue remitido por el último Consejo de Ministros del año 2008 al Congreso de los Diputados, donde comenzó su tramitación en el mes de febrero. El 10 de junio fue aprobado por el Congreso y ahora se encuentra en el Senado, donde también tiene que ser ratificado, antes de la aprobación definitiva.
El proyecto de ley establece un conjunto de criterios objetivos para medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito de la Administración General del Estado, lo que, el Ministerio de Medio Ambiente considera esencial para la presencia de estas entidades en los órganos consultivos con suficiente legitimidad social, permitiéndoles desarrollar con eficiencia la función de intermediación e interlocución con los poderes públicos.
El proyecto de ley prevé también la creación de dos órganos consultivos adscritos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Por un lado, el Consejo Agroalimentario del Estado, que estará integrado paritariamente por la Administración y representantes de las organizaciones socioprofesionales, que servirá para debatir las grandes orientaciones de la política agraria y alimentaria.
Por otro se creará el Comité Asesor Agrario para tratar, con las organizaciones profesionales agrarias más representativas, asuntos relacionados con los intereses del mundo rural en general y con cuestiones relacionadas con la producción agraria, en particular.
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