El Consejo Rector de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que preside el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Fernando González, valoró muy positivamente en su reunión el pasado 13 de noviembre las actuaciones ejecutadas en los últimos cinco meses por este ente consorcial que vela por la legalidad urbanística y medioambiental en Canarias, y en el que participan la Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos.
En esta línea, el Consejo Rector acordó que el director ejecutivo de la Agencia de Protección, Pedro Gómez, al que se refrendó para que siga como responsable de la Agencia y así se propondrá al Consejo de Gobierno, continúe en la misma línea de ejecutar con periodicidad las sentencias que permitan la demolición de las edificaciones ilegales y efectúando inspecciones por el territorio para su pronta detección, especialmente batidas de carácter intensivo en zonas concretas. Pedro Goméz expresó su convencimiento de que «seguir en este camino permitirá que la situación de la indisciplina urbanística y territorial dé un vuelco radical antes de un año». El director ejecutivo de la Agencia espera que «al reducirse el número de infracciones, se detecte y sancione a la inmensa mayoría de los infractores, y se recuperen zonas de nuestro territorio de forma integral».
Entre junio, cuando se celebró la última reunión del Consejo Rector de la Agencia, y el presente mes de noviembre, después de la aprobación en Consejo de Gobierno de los Estatutos, las suspensiones ordenadas independientemente del expediente sancionador en el Archipiélago ascendieron a 712, las multas coercitivas impuestas sumaron 58, los expedientes sancionadores por incumplimiento a la orden de suspensión fueron 34 y los expedientes sancionadores se elevaron hasta 194.
En lo que respecta a demoliciones ejecutadas por la Agencia, el director ejecutivo destacó las 14 actuaciones llevadas a cabo en el Archipiélago, ya que «se ha iniciado por primera vez en Canarias la ejecución sistemática de las órdenes de demolición firmes». En concreto, en estos cuatro meses se ha demolido en los términos municipales de Frontera y Valverde (El Hierro), Gáldar y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria); El Sauzal, Candelaria y Arona (Tenerife); las dos demoliciones de Yaiza y San Bartolomé (Lanzarote); Agulo y San Sebastián (La Gomera) y las dos casetas ilegales de la Isla de Lobos, en La Oliva (Fuerteventura). En tres de estos casos la demolición fue voluntaria por el interesado horas o días antes de la ejecución de la sentencia.
Parcelaciones ilegales. El Consejo Rector también dio su visto bueno a la elaboración de un estudio sobre parcelaciones ilegales, que aporte todos los datos y pruebas necesarias para la correcta conclusión de los correspondientes expedientes sancionadores, ya que, según destacó Pedro Goméz, «se hace necesario actuar frente a los primeros infractores de la ordenación urbanística y territorial».
Fue el pasado 5 de abril cuando la Agencia de Protección del Medio Urbano Natural, que se encarga de la actividad de inspección y sanción en materia medioambiental y de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, recibió impulso con la constitución de su Asamblea, en la que están representados cabildos, ayuntamientos y Comunidad Autónoma, y fue el pasado 15 de octubre cuando el Consejo de Gobierno aprobó los Estatutos que regulan su funcionamiento.
La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural se concibe como un organismo descentralizado y de carácter técnico, dedicado a comprobar la legalidad de las actuaciones que afectan al suelo y a los recursos naturales del Archipiélago. Así, la Agencia deberá incoar expedientes disciplinarios ante las actuaciones que carezcan de licencia y demás títulos habilitantes, paralizando y precintando obras y otras actuaciones ilegales, restableciendo la realidad física alterada cuando resulten ilegalizables y, en todo caso, sancionando. Este organismo tiene competencias también para sancionar los vertidos no autorizados al mar y los incumplimientos a la Ley de Residuos y de Impacto Ambiental.
El Consejo Rector es el órgano de dirección de la Agencia y de control de la gestión del director ejecutivo, y forman parte de él siete miembros de la Administración autonómica, siete miembros de los ayuntamientos y siete miembros de los cabildos. Algunas de las funciones del Consejo Rector se concretan en dar instrucciones al director ejecutivo, proponer a la Asamblea las modificaciones de los Estatutos y el presupuesto de la Agencia, aprobar los convenios de incorporación que se suscriban y conocer y autorizar los gastos superiores a veinticinco millones de pesetas. El Consejo Rector se reunirá al menos una vez cada tres meses por convocatoria de su presidente, bien a propia iniciativa o a propuesta de un tercio de los miembros del Consejo.
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