La ayuda agroambiental se concede anualmente a los agricultores que se comprometen a llevar a cabo sus actividades sin limitarse a la simple aplicación de las buenas prácticas agrarias habituales y de manera respetuosa con el medio ambiente. Se trata de la medida de desarrollo rural más importante: de hecho, cuenta con una cofinanciación comunitaria prevista para el período 2000-2006 de 13 480 millones de euros.
El objetivo de la fiscalización consistía en evaluar si la Comisión posee garantía suficiente de que las prácticas y técnicas agrarias específicas objeto del gasto agroambiental son comprobables y se controlan debidamente, y, por consiguiente, de que los beneficiarios de los pagos agroambientales cumplen su obligación de practicar una agricultura respetuosa con el medio ambiente.
La fiscalización desveló que la Comisión sólo controló parcialmente la verificabilidad de las medidas antes de aprobar los planes de desarrollo rural (PDR) y que no comprobó lo suficiente el correcto funcionamiento de los sistemas de control agroambiental en los Estados miembros. En el caso de la agricultura ecológica, importante submedida agroambiental, la Comisión no asumió plenamente sus responsabilidades.
Los principales problemas hallados en el caso de la agricultura ecológica consisten en que los informes anuales de ejecución, que deberían garantizar la objetividad y eficacia del sistema de control, no son completos ni fiables, y, en cualquier caso, aun cuando fueran completos y exactos, la información solicitada no garantizaría la objetividad y la eficacia de los controles llevados a cabo. Además, los controles de la Comisión realizados en siete Estados miembros en el período comprendido entre 1998 y 2001 revelaron debilidades significativas en la supervisión de los sistemas de control, pero no se realizó un seguimiento posterior adecuado ni se efectuaron otros controles en los Estados miembros.
Los resultados de la fiscalización en los Estados miembros se refieren al calendario de los controles sobre el terreno y a la posibilidad de verificar determinadas submedidas clave. Las submedidas se inspeccionan fuera del período de compromiso o en momentos inoportunos. En cuanto a las submedidas comunes, como la reducción o limitación de insumos, los controles dependen en gran medida de las declaraciones de los propios beneficiarios, las cuales son difíciles de corroborar. Se concede credibilidad a inspecciones visuales dudosas, no siempre se elaboran instrucciones detalladas para los inspectores, los cuales se basan con frecuencia en sus propios conocimientos o experiencia para formarse una opinión. No existen datos de referencia claros con los que comparar el rendimiento.
La fiscalización del Tribunal llega a la conclusión de que la verificación de la medida agroambiental plantea problemas particulares y exige muchos más recursos que la medida del primer pilar y, sin lugar a dudas, que las medidas de desarrollo rural; es, pues, un control que raramente permite obtener una garantía suficiente a un coste razonable.
Para el nuevo período de programación que se inicia en 2007, la Comisión, el Consejo y el Parlamento deberían estudiar la posibilidad de aplicar el principio según el cual, en caso de que una medida determinada no pueda ser objeto de control adecuado, no debe beneficiarse de fondos públicos.
UE