Tras casi dos años de desencuentros con los representantes de las empresas integradoras, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Plataforma Avícola Estatal (PAE), que agrupan al 90% de los granjeros de pollos españoles, han decido dar por rotas las negociaciones, y comenzar otro tipo de actos de presión con el objetivo de asegurar el futuro del sector en España. Desde el mismo día 19 de diciembre se producirá un paro general indefinido y el cierre de las granjas de pollos.
Esta situación se mantendrá mientras las grandes empresas integradoras no firmen el contrato tipo homologado con los productores de pollos de todo el estado, lo que originará el desabastecimiento de este producto de consumo en los mercados a corto plazo. La negativa de la patronal a firmar el contrato tipo homologado tiene como objetivo fundamental dejar fuera del mercado a las pequeñas empresas integradoras lo que beneficiaría a la empresa SADA que incrementaría notablemente su cuota de mercado alcanzando niveles prácticamente de monopolio.
Según cálculos estimados por UPA y la PAE, los grandes empresas integradoras pueden perder cada día de huelga 1,32 millones de €uros, ya que dejarán de producirse 2 millones de pollos diarios, 3.600 toneladas de pienso y dejarán de incubarse 2 millones de huevos al día.
UPA y la PAE quieren denunciar también que en los últimos meses se han acentuado una serie de problemas que están provocando una de las peores crisis en el sector. Así cuando las cotizaciones en lonja siguen una tendencia al alza con precios muy elevados, las liquidaciones efectuadas a los avicultores integrados están en niveles más bajos a los registrados antes del Acuerdo Marco. Por ofrecer un ejemplo, mientras que los productores de pollos reciben 0,11 €uros por kilo por parte de las empresas integradoras, los consumidores pagan 2,5 €uros por kilo, lo que representa unas márgenes comerciales claramente abusivos y refleja unos niveles de “usura” por parte de los empresarios que para UPA y la PAE podrían constituir un presunto delito económico perseguible de oficio por los tribunales de justicia.
Otro tema de denuncia es la mala calidad de los medios aportados por las integradoras para llevar a cabo la crianza de los pollos, con un índice de mortalidad que en ocasiones alcanza el 20%, que da buena fe de los problemas sanitarios que arrastran los pollitos al salir de la incubadora e igualmente el pienso no reúne las condiciones óptimas para la crianza.
Según el informe elaborado por UPA y la PAE las pérdidas acumuladas por el sector productor hasta el 30 de noviembre ascienden a 26,6 millones de €uros, lo que se traduce en una pérdida de renta por explotación de más de 5.300 €uros. El sector productor de pollos en España cuenta con 5.000 explotaciones avícolas que generan 37.500 puestos de trabajo. En España se sacrifican una media de más de 660 millones de pollos al año, con una producción de 1,4 millones de toneladas de carne, lo que representa el 13,5% de la Unión Europea y una facturación de 1.200 millones de €uros.
UPA