Aguado: “La opinión e inquietudes de los jóvenes se tienen que plasmar en realidades políticas porque son el futuro del campo”
“La opinión e inquietudes de los jóvenes agricultores se tienen que plasmar en realidades políticas autonómicas y españolas porque son el futuro del campo, de ahí que AVA lleve realizando jornadas formativas de la próxima generación de líderes del sector agrario”. Así de contundente se pronunció el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, durante el inicio de las VII Jornadas de Jóvenes Agricultores celebradas por la organización agraria en el Hotel Olympia de Alboraia.
Aguado ha manifestado que “en la actual crisis de precios que vivimos, somos responsables todos, porque no se trata de una crisis de la agricultura, sino del agricultor”. Por lo tanto, el dirigente agrario ha exigido a la Administración, tanto autonómica como central, un apoyo político decidido, tal y como sucede en Francia. “La Administración debe apoyar al campo con normas de comercio justo, presupuesto y promoción para que el sector pueda salir de su crisis y seguir siendo competitivo. Además debe ser árbitro para la creación de mesas de diálogo entre todas las partes implicadas en la cadena agroalimentaria, desde la producción, comercialización y distribución, hasta los consumidores para fomentar la concertación social agroalimentaria necesaria para que se dé una transparencia en el mercado con las mismas normas de juego para todos”.
Así mismo, el presidente de AVA agradeció la sensibilidad mostrada hacia el sector por el el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y exigió al Gobierno igual contundencia a la hora de respaldar a los agricultores, como hace Francia, y la puesta en marcha de un seguro de costes que permita actuar ante situaciones de debacles de precios.
El conseller de Agricultura, Juan Cotino, encargado de realizar la inauguración de las jornadas, anunció ante el centenar de jóvenes asistentes, la supresión del Impuesto de Sucesiones a partir del 1 de enero de 2007 como medida para agilizar la transmisión de tierras de padres a hijos, e incentivar la concentración de tierras y el cultivo en común.
Cotino también se ha referido a la postura de la Comunidad Valenciana, defendida también por AVA, de cara a la futura reforma de la OCM de frutas y hortalizas. “Queremos que incluya un Plan Regional de Actuación, para que se pudiera actuar de manera autonómica cuando los precios caigan por debajo de unas cotizaciones de referencia, marcadas por el Observatorio de Precios autonómico previsto en el Plan Millorar de Cítricos, para que se pudiera retirar la fruta del mercado, contando con una ayuda cofinanciada entre la UE, CC.AA. y el sector. De esta manera se podría regular el mercado en momentos de crisis de una manera más ágil y eficaz”, apuntó el conseller. Cotino también afirmó que el IVIA acaba de patentar 8 nuevas variedades de mandarinas tardías con el objetivo de alargar el calendario productivo y cubrir el hueco existente de clementinas de enero a mayo.
Por su parte, el catedrático de Economía, Sociología y Política Agraria de la ETSIA- UPV, Vicente Caballer, fue especialmente crítico a la hora de buscar responsables de la actual crisis citrícola valenciana. “Debemos dejar de tener el encefalograma plano, pues todos somos responsables de que la citricultura haya tocado fondo y esté en peligro de extinción”. Caballer anunció que para el año que viene la crisis de precios será peor que la de esta campaña porque todavía no se han abordado las causas reales de la actual situación.
El catedrático de Economía de la UPV criticó a los que han apostado por la “perversión” de la venta a resultas, -tildado por Caballer de “cáncer para el sector”-, y a la falta de respuesta para copar dicho nicho de comercialización por parte de las cooperativas, a las que, a pesar de defender en un nivel teórico, criticó por su falta de profesionalidad y gestión eficaz en la práctica a la hora de liquidar a los agricultores y en realizar procesos de concentración. La crítica de Caballer fue tanto hacia las cooperativas de primer grado como las de segundo, de las que afirmó “que van de triunfo en triunfo hasta la derrota final”.
Ante la crisis de precios, la falta de rentabilidad para los productores y los excesivos márgenes comerciales, Caballer quitó importancia a la cuestión hídrica, cuando existe un crecimiento inmobiliario sobre suelo de regadío tan importante. Otra de las situaciones que justifican la crisis de la citricultura valenciana ha sido que el incremento de productividad registrado desde los años 70 no ha revertido en el empresario agrario, sino en el trabajador, por lo que Caballer vaticinó que en el futuro no habrá trabajadores autónomos, sino mucha mano de obra inmigrante.
También los agricultores a tiempo parcial “convertidos en vendedores de solares” son otro de los problemas que Caballer apuntó para justificar la crisis citrícola, además de los elevados costes de comercialización, “que nadie ha intentado reducir”. Respecto a la globalización o deslocalización, Caballer defendió sus aspectos positivos como la apertura de mercados y el incremento de posibilidades de negocio, frente a la mayor competencia. “Hay que pelear por el mercado del consumo y también por el mercado interior, teniendo en cuenta que se ha producido una revolución alimentaria. Con el acceso de la mujer al trabajo, la comida ha salido fuera del hogar. Por lo tanto, los productos de cuarta gama, los cattering, etc. son un nicho de mercado que el sector debe aprovechar”. A pesar de su crítica, respecto al boom inmobiliario y a los problemas de comercialización de las cooperativas, Caballer anunció un futuro esperanzador para los agricultores valencianos, “eso sí, en menor número, pero más profesionalizados”.
El catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, Francisco Javier Orduña, defendió que en la Comunidad Valenciana es posible la concertación social como instrumento en el sector agrario valenciano, por encima de los acuerdos puntuales o sectoriales, en el que participen todos los agentes económicos y sociales, -productores, comerciales, distribuidores y consumidores-, “debido al carácter poco subvencionado de nuestra agricultura, tendente al mercado y a la liberalización”. La concertación social agroalimentaria descansaría en dos elementos básicos: la trazabilidad de los productos y la transparencia en los precios.
Para Orduña, esta concertación, que podría plasmarse en un Plan Estratégico, estaría basada fundamentalmente en un Código de Buena Conducta o Buenas Prácticas Comerciales y Agrarias, en el que existiera una transparencia en la negociación, unas reglas de fijación de precios justos y sostenibles, la creación de marcas de calidad que premiara a los buenos productores y distribuidores y que contemplara procedimientos de resolución rápidos extrajudiciales ante posibles incumplimientos. Complementario a este Código de Buena Conducta, estaría también un Código de Trazabilidad para saber qué producimos, cómo lo producimos y cómo lo vendemos y un Observatorio de Trazabilidad y Precios del mercado agrario, que debía ser un organismo independiente, cuya función sería establecer un control y seguimiento de acuerdo con los anteriores códigos, respecto de la normalización de precios y la aplicación de la trazabilidad de los productos.
Por su parte, el presidente de la sectorial de Jóvenes Agricultores de AVA, Roberto Serigó, animó a todos los asistentes a luchar por el futuro del sector para evitar el abandono continuo y la urbanización del campo. “Queremos una agricultura rentable, competitiva y de calidad para lo que necesitamos soluciones conjuntas con la Administración y el resto de entidades que somos protagonista del sector”, afirmó
AVA-ASAJA