Los Ministros de Agricultura de la Unión Europea han participado en el debate de orientación sobre la reforma intermedia de la Política Agrícola Común (PAC). En concreto, las discusiones se han centrado en los frutos de cáscara, el arroz y los productos lácteos, así como en las políticas de desarrollo rural y la puesta en marcha del sistema de obligatorio de auditorías agrícolas.
FRUTOS DE CÁSCARA
En materia de frutos de cáscara, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias, ha destacado, en primer lugar, la calidad del informe que ha elaborado la Comisión sobre este sector.
El Ministro ha insistido en las características específicas del sector de los frutos de cáscara que le diferencian del resto de las producciones hortofrutícolas y le acercan, en cambio, a otras producciones incluidas en la PAC. En este contexto, el Ministro ha manifestado su apoyo a la ayuda por hectárea, medida reiteradamente solicitada por España durante los últimos tres años. No obstante, considera insuficiente la cuantía propuesta de 100 euros a la que los Estados miembros pueden sumar hasta 109 euros más por hectárea, por lo que solicita que la citada cuantía se eleve hasta un nivel que asegure el mantenimiento de las plantaciones. España no es partidaria de la cofinanciación porque rompe el esquema tradicional de financiación de las medidas de gestión de mercado de la PAC y, además, puede producir discriminaciones entre productores de distintos Estados miembros.
En relación con la superficie máxima que puede acogerse a este sistema, la delegación española apoya que dicha superficie se reparta entre los Estados miembros en función de las superficies reales existentes en cada país. De este modo, se asegura un reparto equilibrado, respetando el propósito de esta ayuda, que es apoyar a los productores que se encuentran en una situación desfavorable como consecuencia de los escasos rendimientos que obtienen. En este sentido, el ministro Arias ha manifestado la necesidad de que la propuesta de la Comisión establezca los requisitos que deban cumplir los beneficiarios de la nueva ayuda por hectárea, entre los que habría que incluir los relativos a la garantía de que las superficies beneficiadas se encuentren en condiciones satisfactorias de cultivo y la obligatoriedad de pertenencia a una Organización de Productores para la percepción de las ayudas.
Por otro lado, Arias ha defendido la necesidad de garantizar que el proceso de transición entre los actuales Planes de Mejora y el nuevo régimen de ayudas no produzca ninguna interrupción en el apoyo comunitario al sector.
ARROZ
El sector de los arroces es muy importante por su significación regional y ecológica. Las zonas arroceras españolas están situadas en la antesala de parques nacionales, que posee un alto valor ecológico por su flora y fauna y por el papel que juegan en el ciclo biológico de la avifauna migratoria europea.
El Ministro ha manifestado su preocupación por los efectos negativos derivados de los acuerdos de la Ronda Uruguay que ha sufrido este sector. En efecto, el desproporcionado crecimiento de las importaciones ha provocado un fuerte crecimiento de los stocks. Esta situación se agravará, además, cuando entre en vigor el Acuerdo "Todo menos armas".
El Ministro coincide con la Comisión en que la transformación de este sector aquejado por precios a la baja, situados por debajo del precio de intervención, con costes de almacenamiento crecientes y con posibilidades limitadas de exportación, en un sector competitivo, sólo puede conseguirse con una reducción de precios, una compensación adecuada y una eficaz red de seguridad para la producción. Sin embargo, para que las medidas planteadas por la Comisión puedan ser aceptables para España, sería preciso realizar algunos cambios.
En primer lugar, en lo que a la reducción de precios se refiere, la Comisión afirma y acepta que el nivel mundial se situará en el entorno de 150 euros/t , por lo que es necesario reducir el precio de intervención actual hasta este nivel, lo que supone una reducción del 50%, de una sola vez. Sin embargo, la Comisión propone que se desencadene, a ese nivel de precio, un sistema de regulación del mercado consistente en un almacenamiento privado, que si no resulta eficaz para detener el descenso de los precios de mercado, será sustituido por una red de seguridad, la intervención, a un precio de 120 euros/t. Ello significa que realmente, la reducción propuesta del precio de intervención sería del 60% y que dicho precio se situaría en 120 euros/t.
España no es partidaria del almacenamiento privado, por lo que debería sustituirse por una intervención más adecuada que la actual, más eficaz y solo para los agricultores, al nivel de 150 euros/t.
En segundo lugar, el ministro ha defendido el incremento de la ayuda, que debe compensar la reducción del precio de intervención, por lo que la ayuda debería ser de 201 euros/t y no 177 euros/t como establece la Comisión.
En tercer lugar, en relación con la superficie de base, a efectos de las ayudas, el Ministro ha puesto de manifiesto que España es el único país que ha rebasado la que se le asignó en 1995 de 104.900 hectáreas, hasta 112.000 hectáreas, es decir, el 7,3% como máximo. El Ministro ha solicitado, por tanto, un incremento de la superficie de base a 114.000 Ha. Junto a ello, ha rechazado el mantenimiento del actual sistema progresivo de reducción de la ayuda cuando se supera la superficie de base nacional por suponer una penalización absolutamente desproporcionada e injusta, que discrimina claramente al arroz respecto a los cereales. El Ministro ha solicitado, por tanto, que la reducción de la ayuda sea proporcional, como en los cultivos herbáceos.
Por último, el ministro ha hecho referencia a un último aspecto: la necesidad, como en cultivos herbáceos, de que los Estados miembros puedan regionalizar su superficie de base nacional de arroz.
LECHE
España defiende que no es necesario introducir ajustes de precios y cuotas. El ministro ha destacado que es prematuro plantear el debate, pues todavía no se han aplicado las decisiones tomadas en la Agenda 2000. En cualquier caso, se defenderá que cualquier recorte de precios se compense de manera que las rentas de los ganaderos no se vean perjudicadas. Respecto a la cuestión sobre la bajada de precios diferenciada según el producto, la delegación española considera que puede ser interesante un ajuste, pero que tendría que ser ampliamente debatido. Asimismo, dada la situación del sector en estos momentos, no se considera aconsejable adelantar la aplicación de la Agenda 2000, ni introducir cambios respecto a lo decidido en Berlín en el año 1999.
El ministro ha hecho una mención especial al régimen de cuotas lácteas, régimen que permite a los ganaderos disponer de un nivel de rentas adecuado y mantener sus explotaciones, de ahí que la delegación española haya destacado que no encuentra razones de peso para apoyar un cambio en el régimen de cuotas.
El ministro Arias se ha mostrado en contra de la supresión de este régimen, puesto que, tras estudiar su posible desaparición en España, se ha comprobado que gran número de explotaciones dejarían de ser rentables. El efecto combinado del aumento de la producción y de las ayudas directas no sería suficiente para compensar al ganadero por la reducción que sufriría el precio de la leche. La reducción brusca de precios llevaría a modelos intensivos de producción, desapareciendo las explotaciones pequeñas. Además, esta opción contempla un incremento presupuestario de 2.983 millones de euros, por lo que debería encontrarse una solución en el actual marco presupuestario.
DESARROLLO RURAL Y AUDITORIAS
En relación con la propuesta de la Comisión sobre el desarrollo rural y las auditorías, España comparte la visión de reforzar y consolidar el segundo pilar, siendo necesario establecer unos criterios objetivos para la distribución de los fondos procedentes de la modulación. Los criterios propuestos por la Comisión se consideran aceptables, siempre que los mismos no sean desvirtuados por la inclusión de otros criterios.
El ministro ha destacado que es fundamental que todo el territorio comunitario tenga las mismas posibilidades de tratamiento en cuanto al destino de los fondos trasvasados y posibilidades de aplicación de las medidas de desarrollo rural. Sin embargo, este hecho no se produce en la propuesta de la Comisión, pues en regiones Objetivo 1 queda limitado a aplicar los fondos Feoga-Garantía trasvasados únicamente en medidas de acompañamiento, mientras que fuera de Objetivo se pueden incluir todas las medidas del Reglamento de desarrollo rural.
De acuerdo con el cuestionario remitido por la Presidencia, la delegación ha valorado la cuestión relativa la necesidad de un nuevo sistema obligatorio en apoyo de la calidad y de la promoción. Arias ha manifestado que la mejora de la calidad precisa un apoyo decidido, de manera que el sistema presentado incentivará y fomentará la calidad alimentaria exigida por la sociedad.
La calidad afecta a toda la cadena alimentaria, para lo cual se dispone ya de medidas en la programación, en especial sobre transformación y comercialización de productos agrarios, de ahí que la delegación española apoye que la nueva medida de acompañamiento se base en ayudas directas a los productores.
En cuanto al tipo de ayuda para el bienestar de los animales con arreglo al sistema agroambiental, la delegación española opina que el ámbito de esta medida debe abarcar tanto la sanidad como el binestar animal, estando de acuerdo en que se otorguen ayudas para compensar los esfuerzos que vayan más allá del nivel obligatorio.
La revisión de la PAC no debería detener la marcha de los programas en el periodo actual de programación y además, debe atender a algunas carencias en cuanto a contenidos de medidas para el futuro, como es la investigación agraria, el fomento de agrupaciones de productores, la incorporación de la cobertura de riesgos, así como acciones específicas discriminatorias positivas para los colectivos de mujeres, jóvenes e inmigrantes, que frenen el proceso de despoblamiento y desestructuración demográfica del medio rural.
Finalmente, la Comisión propone establecer un sistema obligatorio de auditorías en las explotaciones, de cara a mejorar la calidad en el conjunto de la cadena productiva. Sin embargo, el límite propuesto para la obligatoriedad (explotaciones que perciban más de 5.000 euros en ayudas directas), se considera excesivamente ambicioso. La delegación española ha expuesto que sería más realista elevar el límite a las explotaciones que reciban más de 10.000 euros y que, de manera voluntaria, cualquier explotación que desease pasar una auditoría lo pudiera solicitar. Lo importante, según el ministro Arias, es fijar un marco común para todos los agricultores europeos sobre los procedimientos a seguir, y que las auditorías, en un primer momento, las realizaran instituciones públicas, con objeto de garantizar su independencia y se ajusten a normas comunes establecidas para toda la UE.
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