La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) exige a las administraciones central y autonómica que expliquen con extrema claridad el espíritu y fin del Real Decreto 7/01 a los ayuntamientos correspondientes para que los agricultores afectados por la gota fría de octubre de 2000 queden efectivamente exentos del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica.
Los ayuntamientos de ciertos municipios valencianos reinciden en su actitud de poner trabas para no devolver el recibo del IBI rústico, haciendo caso omiso de la normativa referente a ‘explotaciones agrarias en las que se hubieran producido destrozos en cosechas, ganados o bienes que constituyan siniestros no cubiertos por ninguna fórmula de aseguramiento público o privado’. tal y como contempla el citado Real Decreto.
Asimismo, el plazo de solicitud de exención es de cuatro años, ‘por lo que animamos a todos los agricultores cuyas solicitudes razonadas no sean admitidas en sus respectivos ayuntamientos a que acudan a los servicios técnicos y jurídicos de AVA para que sus intereses sean defendidos frente a lo que consideramos una burla hacia el colectivo agrario’, manifestó el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.
La organización agraria denuncia, además, una clara descoordinación entre la Administración central y local ya que cada ayuntamiento está respondiendo de forma arbitraria ante lo que debería ser una contestación homogénea y común.
‘No comprendemos los argumentos que ciertos ayuntamientos aportan, excudándose en plazos ilegales o amenazando incluso a los agricultores con el encarecimiento del trámite burocrático’, sostuvo Aguado, para quien ‘de seguir así, al agricultor no le quedará otra opción que condenar en las urnas la mezquina actuación del actual equipo de gobierno de su ayuntamiento que no tiene en cuenta sus intereses’.
AVA-ASAJA