Cuando se cumplen dos años desde la aparición del primer caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en España, UPA considera que la crisis de las «vacas locas» sigue abierta y los problemas que ha generado no se han resuelto en absoluto, aunque el Gobierno hace tiempo que pretende dar por cerrado el tema; como se comprueba, por ejemplo, con la falta de partidas presupuestarias destinadas a la EEB en 2002 y las previstas para 2003 o con la famosa y publicitada Comisión Interministerial de seguimiento coordinada por la Vicepresidencia del Gobierno, de la que se desconoce si se sigue reuniendo o cuales son los análisis y trabajos que ha realizado desde su constitución. UPA también tiene gran interés en conocer los resultados de la investigación anunciada sobre las fábricas de piensos, ya que según informes oficiales el origen de la EEB en España tuvo su origen en la alimentación de la cabaña bovina.
Para UPA el análisis de la evolución seguida por la enfermedad en España nos hace pensar que estamos aún en la fase expansiva de la EEB y que, por tanto, no habríamos alcanzado el punto de inflexión a partir del cual disminuirían el número de casos positivos. Resalta nuestra mayor tasa de incidencia respecto a Francia y Alemania, sobre todo valorando que este último país inició junto con España la aplicación de la primera normativa común europea de erradicación de la EEB. Por otra parte el dato desmiente la teoría oficial de hace dos años en la que se aseguraba que nuestro país no era uno de los más importantes en incidencia de la enfermedad.
UPA estima que los ganaderos siguen siendo los verdaderos perjudicados por esta grave y prolongada crisis, porque han sido y son víctimas por partida triple: sufren los efectos directos en sus explotaciones; han perdido rentas por la retracción de la demanda y el comportamiento del mercado; y, además, están financiando una buena parte de las medidas adoptadas en relación con la enfermedad.
Además, los escasos apoyos provenientes de Bruselas han sido ya retirados (intervención de canales pesadas y ligeras y de vacas mayores de treinta meses) y algunas de las medidas de carácter extraordinario que estableció el Gobierno español como apoyo a los ganaderos no se han cumplido. Es en el capítulo de financiación en lo que existe una clara dejación de las responsabilidades del gobierno. En este sentido, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) denuncia que los ganaderos son las verdaderas víctimas de esta enfermedad en cuyo origen no tuvieron la más mínima responsabilidad ya que desde el comienzo de la crisis (noviembre de 2000) las pérdidas acumuladas para los productores de vacuno rondan los 650 millones de euros.
UPA denuncia que los ganaderos siguen financiando una buena parte de las medidas adoptadas en relación con la enfermedad. Además de los costes adicionales correspondientes a la retirada de los MER (materiales específicos de riesgo) en mataderos y salas de despiece (213 millones de €uros), los derivados de la eliminación de cadáveres en explotación (32 millones de €uros) y los producidos por la exigencia del certificado veterinario (76 millones de €uros), la aparición de la EEB en España el 22 de noviembre de 2000 supuso una reducción espectacular del consumo de carne de vacuno con la consiguiente repercusión en el nivel de sacrificios y de precios pagados a los ganaderos con un nivel de pérdidas de unos 329 millones de €uros.
Sin embargo, estas pérdidas de mercado no afectan por igual a todos los productores de vacuno. Si bien al comienzo de la crisis todos los ganaderos de vacuno experimentaron fuertes pérdidas, a día de hoy el subsector productor de terneros es el que está soportando la crisis. Por otro lado, la venta de vacas de desvieje se muestra prácticamente imposible, estando las cotizaciones a precios ridículos.
Esta disminución tan importante en los ingresos de los ganaderos está teniendo como consecuencia inmediata el abandono de la actividad con importantes consecuencias sociales y medioambientales. Hay que considerar que las explotaciones de vacuno más afectadas por la crisis son aquellas de carácter familiar asentadas en zonas de montaña y desfavorecidas y que generan empleo y desarrollo en el medio rural.
Ante esta grave situación, UPA denuncia la falta de apoyo de las distintas Administraciones Públicas. A nivel europeo las medidas de intervención adoptadas al comienzo de la crisis (canales pesadas y ligeras y vacas mayores de treinta meses) han desaparecido ya hace tiempo. En el ámbito nacional, las exiguas medidas adoptadas con carácter extraordinario como apoyo a los ganaderos de vacuno han tenido un grado de incumplimiento elevado. En concreto, el convenio para préstamos bonificados hasta un importe máximo de 50.000 millones de pesetas no ha sido aún suscrito. Además, el plan de abandono para la producción cárnica tampoco se ha puesto en funcionamiento, a pesar de estar presupuestado para este ejercicio 2002. Como consecuencia de ello, el sector vacuno de carne ha perdido la cantidad de 9 millones de euros por el concepto indicado.
De igual modo, no se sabe nada sobre la moratoria de dos años sin interés en el pago de las cuotas fijas mensuales y las cuotas empresariales por jornadas reales acordado para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de junio de 2001 según recoge el RD Ley 9/2001. Tampoco se han concedido los 50 millones prometidos para un plan de información a los ganaderos.
En el ámbito autonómico, si bien hubo Comunidades Autónomas que se mostraron sensibles al problema en sus inicios y pusieron en marcha durante los años 2000 y 2001 medidas de apoyo al sector, lo cierto es que actualmente ya no aportan dinero por ningún concepto.
Según un estudio realizado por UPA, también existen serias deficiencias en lo que se refiere a la gestión de las harinas de carne y hueso. Estas carencias residen básicamente en la capacidad de incineración de modo que prácticamente toda la harina producida en España no puede ser incinerada sino que es almacenada. Ante esta situación surgen interrogantes serios tales como el destino que pretende dar el gobierno español a las harinas de carne y hueso (HCH), dónde están los almacenes de dichas harinas y si están adecuadamente controlados, etc.
Para UPA resulta contradictorio que siendo España uno de los principales países generadores de subproductos de origen animal no tenga ni de lejos infraestructura suficiente para eliminar los mismos. Para complicar aún más la situación están apareciendo problemas colaterales. Así, como consecuencia de que ya no hay reses muertas en el campo y de que las actuaciones que propone el Real Decreto recientemente aprobado de regulación de las aves rapaces necrófagas con determinados animales muertos, son imposibles de llevar a cabo por parte de los ganaderos, los animales que se alimentan de carroña están atacando masivamente a las poblaciones de ganado tales como los rebaños de ovejas.
Una vez más la respuesta de las Administraciones deja mucho que desear indemnizando insuficientemente o dejando en manos de un seguro el problema existente. Por todas las razones anteriormente expuestas, UPA insta a las Administraciones Públicas y en especial a los Ministerios de Agricultura y de Sanidad con competencias respectivas en la coordinación de la Sanidad Animal y de la Salud Pública, para que den solución a los problemas expuestos atendiendo las demandas de un colectivo, el de los ganaderos, muy importante para el mantenimiento del tejido rural español. Desde UPA se insiste una vez más en la retirada del certificado veterinario y en la financiación pública de todas las medidas de lucha contra la EEB por entender que es un problema de Salud Pública.
UPA