El responsable de Agricultura y Alimentación de la organización Amigos de la Tierra, David Sánchez, criticó la «falta de transparencia y control» sobre el cultivo de transgénicos en España y acusó a las autoridades de «oscurantismo» para no informar del impacto socioeconómico de este modelo agrícola.
Sin embargo, aseguró que, según datos oficiales publicados en 2006, «el 15% de los alimentos con soja o maíz que se comercializan en España están contaminados (…) sin que se informe de ello en la etiqueta».
En la misma línea, los sindicatos agrícolas español (COAG) y europeo (Vía Campesina) atacaron la «falta de información» disponible tanto para los agricultores como para los consumidores, que en su opinión son quienes tienen que «decidir» sobre el cultivo de transgénicos en la UE.
El desarrollo de este tipo de cultivos no cumplen los requisitos de mantenimiento del medio ambiente, protección de la seguridad alimenticia o generación de empleo que se espera de la política agraria común (PAC) a partir de 2013, sino que supone la «ruptura de los derechos» de productores y ciudadanos de elegir, insisten los sindicatos.
Por su parte, el portavoz de Greenpeace Juan Felipe Carrasco insistió en que «no pueden coexistir» con los cultivos no transgénicos y representan un problema económico «grave» que deben asumir las «víctimas» en lugar de los responsables.
Carrasco explicó que la contaminación por el polen de los transgénicos puede poner en riesgo las subvenciones europeas que reciben los agricultores ecológicos o perder oportunidades de venta debido a que su producto tiene presencia de estos OGM.
Además, el representante de Greenpeace alertó de que en España no existen leyes que regulen la presencia de transgénicos en los campos, por lo que «no hay forma» de exigir responsabilidades por los daños que causan en otras producciones.
Finalmente, el eurodiputado José Bové cargó contra la reciente propuesta de la Comisión Europea para que cada gobierno europeo decida sobre la autorización de cultivos transgénicos en su territorio y exigió a la ministra española de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, «valor» para posicionarse «claramente en contra de la renacionalización» del debate.
La propuesta de Bruselas es una «buena mala idea» porque no resuelve el problema de la libre circulación de OGM en territorio comunitario, lamentó Bové, quien además exigió al Ejecutivo comunitario que «no renueve» la autorización para el cultivo del maíz MON810.
Europa Press