La Consejería de Medio Ambiente ha autorizado el traslado hasta las Islas Baleares de varios ejemplares de la Unidad Canina de Detección de Cebos Envenenados, con sede en la localidad jiennense de Huelma, para participar en tareas de inspección en esta comunidad autónoma.
El carácter pionero de este equipo motiva que sea requerido para realizar trabajos fuera de Andalucía. En este caso, los perros adiestrados en la búsqueda y detección de cebos impregnados con sustancias mortales e ilegales, acompañados por un responsable de la Estrategia de Venenos de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Simón, así como un adiestrador de los ejemplares, partirán el próximo día 6 de marzo desde el aeropuerto de Granada hasta Palma de Mallorca, lugar en el que se desarrollarán las distintas jornadas de trabajo.
Los perros, que están sometidos a un adiestramiento completo desde finales de 2004 para detectar todo tipo de sustancias venenosas, participarán en inspecciones durante los días 7, 8, 9 y 10 de marzo y regresarán a Jaén el día 11. Los animales forman parte de este equipo de 15 ejemplares de la Unidad conformada por perros de tres razas distintas: Pastor Alemán, Labrador y Perro de Aguas Andaluz. Algunos de estos animales se encuentran ahora en fase de aprendizaje y, por el momento, sólo pueden detectar los venenos más comúnmente utilizados en estas prácticas ilegales de caza con cebos, tarea en la que se ayudan de la experiencia de los perros más veteranos, que son los que viajarán hasta las Baleares y que, en días pasados, han participado en labores de inspección en la provincia de Cádiz. La efectividad en el hallazgo de sustancias tóxicas en cebos de la Unidad Canina ronda el 90 por ciento de las inspecciones realizadas.
Tipificado en el Código Penal
La utilización de cebos envenenados en el medio natural es un delito contemplado en el Código Penal que puede conllevar una pena de prisión de 6 meses a 2 años o una multa de 8 a 24 meses. El uso de estas artes ilegales en la actividad cinegética también está penalizado económicamente en la legislación andaluza, con sanciones de entre 60.000 y 300.000 euros. No en vano, un solo cebo envenenado con sustancias como organofosforados o Aldicarb puede acabar con la vida de un ser humano (un niño) o un animal de entre 25 y 30 kilogramos de peso. Estas prácticas, además de ilegales, causan importantes daños medioambientales, especialmente en especies protegidas y en peligro de extinción, caso del águila imperial, el buitre negro o el quebrantahuesos, entre otros, quienes se convierten, en muchas ocasiones, en las víctimas indirectas del uso de cebos envenenados
Junta Andaluza