El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono que tiene por objeto incorporar al ordenamiento jurídico español las disposiciones contenidas en la Directiva europea que regula esta tecnología (Directiva 2009/31/CE), adaptándolas a la realidad industrial, geológica y energética de nuestro país y estableciendo una base jurídica para que se realice en condiciones seguras para el medioambiente.
España en el marco de la Unión Europea adoptó el Paquete de Energía y Cambio Climático que establece el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% en 2020, compromiso que podría ampliarse hasta un 30% si se dan las condiciones en el contexto internacional.
Entre las opciones para alcanzar estos objetivos, la UE ha apostado por la captura y almacenamiento geológico de carbono como una tecnología de transición que contribuirá a mitigar el cambio climático. De acuerdo con los estudios efectuados para evaluar el impacto de la Directiva, aplicar esta tecnología podría evitar en 2030, emisiones que representan aproximadamente el 15% de las reducciones exigidas en el ámbito de la UE.
En particular, esta tecnología hará posible que las centrales de generación que emplean combustibles fósiles, como el gas o, sobre todo, el carbón, puedan producir energía sin que sus emisiones de gases de efecto invernadero contribuyan al cambio climático, ya que estas podrán ser captadas y almacenadas en estructuras geológicas estancas con carácter indefinido, por lo que será una tecnología clave para facilitar la transición hacia un modelo bajo en carbono.
La Ley opta por abordar la transposición a través de un proyecto de Ley ad hoc, debido las singulares características de la captura y almacenamiento de carbono, y entendiendo que su interés se centra en contribuir a la mitigación del cambio climático mediante una técnica novedosa que exige un régimen jurídico propio, orientado fundamentalmente a garantizar la seguridad para el medio ambiente y las personas.
Por lo que respecta a la regulación de la captura se considera que queda garantizada con la aplicación de la normativa sobre prevención y control integrado de la contaminación, en línea con lo previsto a nivel comunitario. El texto no contempla la regulación del transporte, cuestión que podría abordarse a través de la normativa relativa al gas natural.
MARM