El Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Arrendamientos Rústicos
El nuevo texto legislativo contó con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y Coalición Canaria
El Congreso de los Diputados ha aprobado por mayoría la Ley de Arrendamientos Rústicos, con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y de Coalición Canaria. La tramitación de este nuevo texto legislativo se inició el pasado día 4 de julio cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Arrendamientos Rústicos, después de un largo proceso de reflexión en el que participaron los sectores afectados y las Comunidades Autónomas. El anteproyecto se aprobó en su día tras recibir el dictamen favorable del Consejo de Estado.
Posteriormente, el Congreso de los Diputados rechazó el 28 de julio las tres enmiendas a la totalidad del anteproyecto de Ley que fueron presentadas por PSOE, y BNG para su devolución al Gobierno por 175 votos en contra, 111 a favor y dos abstenciones. Igualmente, el Senado rechazó el veto a la totalidad presentado por el PSOE y el Grupo Mixto.
En la sesión del pasado jueves en la Cámara Baja, ninguna de las enmiendas aceptadas en el Senado contó con voto en contra alguno, ya que los partidos políticos se posicionaron a favor o absteniéndose en la votación.
Este nuevo texto normativo flexibilizará el régimen de los arrendamientos rústicos, favoreciendo así la movilidad de la tierra, siendo éste un aspecto decisivo para la modernización de la agricultura española. Una flexibilización que resulta hoy especialmente necesaria, en un nuevo contexto determinado por las reformas de la PAC en el seno de la Unión Europea, la liberalización y expansión del comercio internacional y por las profundas transformaciones que se han producido en la agricultura y la sociedad española, con importantes trasvases de población desde el medio rural al urbano y un progresivo envejecimiento de la población.
Entre los objetivos del anteproyecto se encuentran la modernización de las explotaciones agrarias y el reforzamiento de su viabilidad económica, que han de ser compatibles con el equilibrio de las partes en el contrato.
Las principales novedades del anteproyecto son las siguientes:
1.- Primacía a la «autonomía de la voluntad de las partes, en todo aquello que no sea contrario al muy limitado contenido imperativo de la Ley» (Capítulo I). Igualmente, se incluye, junto al arrendamiento de fincas, también el de explotaciones, y se regulan las cuotas de producción, que integrarán el contenido del contrato si las partes no disponen lo contrario.
2.- Ampliación de la capacidad para arrendar. Se amplía notablemente, permitiendo ser arrendatario a cualquier persona física o jurídica e incluso a las Comunidades de Bienes. Asimismo, se incluyen también los extranjeros con permiso de residencia permanente.
3.- Un aspecto decisivo es la duración del contrato (Capítulo IV), ya que se reduce el plazo, a falta de pacto entre las partes, a tres años, que será en todo caso la duración mínima del contrato, para dotar de una necesaria estabilidad a los proyectos de inversión. Cumplido el plazo, se sucederán prórrogas de tres años, en tanto las partes no denuncien el contrato.
4.- Fomento de la modernización de los regadíos, otorgando fuerza obligatoria a los acuerdos de las comunidades de regantes.
5.- Supresión de los derechos de adquisición (tanteo, retracto, adquisición preferente), que pierden sentido con la nueva regulación.
La regulación vigente hasta ahora, contenida en la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980, se había mostrado en la práctica excesivamente rígida e intervencionista y no respondía a las necesidades actuales de la agricultura española. La reforma operada por la Ley de 1995 de Modernización de Explotaciones Agrarias, que redujo el plazo de duración del contrato y suprimió las prórrogas legales, produjo efectos beneficiosos, incrementándose desde entonces el número de arrendamientos. Este anteproyecto profundiza en esta dirección.
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