Hasta la fecha, a través del programa de Control Integral del Olivar, extinto este año, el sector productor del aceite ha percibido entre 12 y 14 millones de euros al año y el girasol ambiental cerca de 6 millones de euros, también anualmente.
Por ello, el director y la técnico de Cooperativas Agro-alimentarias, José Luis Rojas y Nuria Villanueva, respectivamente y una amplia representación de los dirigentes de las cooperativas con intereses en estos sectores se reunieron con el consejero de Agricultura y el director general de Mejora de Explotaciones Agrarias, Miguel Chillarón, para evitar que ese dinero deje de llegar a Castilla-La Mancha.
Así, por un lado el portavoz de Aceite de Oliva Gregorio Gómez, junto a representantes de los grupos cooperativos oleícolas Oleotoledo, Montes Norte y Campo de Montiel, que agrupan a más de la mitad del aceite que se comercializa en la Castilla-La Mancha, demandaron al consejero la pervivencia de una medida agroambiental, de la que se pueda beneficiar el olivar castellano-manchego, tal y como lo ha conseguido la Junta de Extremadura para su olivar.
El consejero se comprometió a poner en marcha en 2010 la medida que se consiga para el olivar a través de una modificación del Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, si las autoridades europeas dan su visto bueno con celeridad.
El objetivo de esta propuesta es que el sector del aceite en la región no pierda cerca de 14 millones de euros por año, que venía recibiendo hasta ahora.
En el caso del girasol, el problema no es que no haya una medida específica para este cultivo. El problema es que su diseño la hacen inviable. Tanto que hasta el momento (y estando abierta la solicitud unificada) son escasísimos los productores de girasol que se han acogido a esta ayuda. Por ello el portavoz de Cultivos Herbáceos José Luis López y los directores de Coprosol, Alcamancha, y la SAT Coagral, que agrupan a una importante parte de la producción regional de esta oleaginosa, han conseguido el compromiso del consejero de presentar a Bruselas, antes de junio, las modificaciones necesarias para que los productores se puedan acoger a la medida y no perder seis millones de euros al año.
Los puntos que se pretenden modificar son, concretamente, el que señala la obligatoriedad de “mantener una linde de un metro de ancho, como mínimo con vegetación espontánea en todas las parcelas acogidas a compromisos agroambientales”. Cooperativas propone, porque es incluso más beneficioso medioambientalmente, “dejar como compromiso medioambiental un 3% de la superficie objeto de cultivo, bien en islas o bien en linderos, como reserva y refugio de la biodiversidad de la zona”.
También solicitarán modificar el PDR en el punto donde se exige la “obligación de enterrar el rastrojo del cereal precedente al cultivo del girasol, a más tardar el 30 de noviembre”. Cooperativas Agro-alimentarias solicita que el Gobierno regional haga su trabajo en Bruselas y amplíe dicho plazo al 31 de diciembre.
Martínez Guijarro se ha comprometido ante Cooperativas Agro-alimentarias a plantear y defender estas dos modificaciones, que sin duda revertirán positivamente en los cultivadores de girasol de Castilla-La Mancha, localizados principalmente en Cuenca y Guadalajara.
Ante éste compromiso de Mártinez Guijarro y la posibilidad de que se modifique el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, éste mismo año, Cooperativas Agro-alimentarias recomienda a los cultivadores de las cerca de 210.000 Has de nuestra región, que soliciten, antes de que termine el plazo de solicitud el próximo día 14 de mayo, la ayuda agro-ambiental del girasol.
Cooperativas agroalimentarias